Con el fin de dar cumplimiento al principio de legalidad tributaria y evitar abusos en los cobros que aplican los municipios, el Congreso del estado de Tlaxcala exhortó a los 60 ayuntamientos para que en la formulación de sus iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 no incluyan tarifas excesivas ni cobros inconstitucionales en derechos o impuestos.
El acuerdo, aprobado este jueves, presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, establece que los municipios deberán ajustar sus propuestas a lo previsto en la Constitución Federal, el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley de Catastro y demás normatividad aplicable, las cuales ya fijan cuotas y tarifas específicas para distintos trámites y contribuciones.
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En el dictamen, derivado de la iniciativa que presentó la diputada del PRD, Laura Yamili Flores Lozano, advierten que, tras el análisis de las leyes de ingresos municipales vigentes para el ejercicio 2025, se detectaron diferencias con respecto a las tarifas establecidas por la legislación estatal en rubros como el Impuesto sobre Transmisión de Bienes Inmuebles, manifestaciones catastrales, alta de predios ocultos, avalúos catastrales y contestación de avisos notariales, entre otros.
De acuerdo con el documento, algunos ayuntamientos aprobaron tarifas superiores a las permitidas por la ley. En el caso del Impuesto sobre Transmisión de Bienes Inmuebles, el Código Financiero estatal establece una tasa del 2 por ciento; sin embargo, municipios como Apizaco, Tlaxcala, Calpulalpan, Zacatelco, Yauhquemehcan y Tetla fijaron porcentajes más altos, lo que constituye un cobro indebido en perjuicio de los contribuyentes.
Asimismo, se documentó que municipios como Chiautempan, Zacatelco y Tetla obligan a los ciudadanos a presentar manifestaciones catastrales de manera anual, con sanciones que van de seis hasta 100 UMAS, cuando la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala no contempla dicha obligación.
El caso de Chiautempan es particularmente grave, pues además de imponer la obligación de declarar modificaciones a predios cada año, cobra hasta 17 UMAS en predios urbanos y 12 UMAS en rústicos por el alta de predios ocultos, cuando la normatividad establece que únicamente debe cubrirse el impuesto predial vigente.
También se detectaron tarifas desproporcionadas en la contestación de avisos notariales, con costos que van desde 2.5 hasta 15 UMAS, dependiendo del municipio, sin una justificación objetiva que respalde tales diferencias.
El dictamen de la Comisión de Finanzas recordó que, si bien los ayuntamientos gozan de autonomía para administrar su hacienda pública, esta no es absoluta, pues está limitada por la Constitución y las leyes aplicables.
En ese sentido, subrayó que los congresos locales no están obligados a aprobar automáticamente las leyes de ingresos municipales, sino que tienen la facultad de analizarlas, modificarlas o rechazarlas cuando las propuestas carezcan de fundamento, resulten desproporcionadas o violenten los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria.
El documento cita criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avalan que las legislaturas estatales pueden apartarse de las propuestas de los municipios cuando estas resulten injustificadas, siempre y cuando exista una base objetiva y razonable.
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El acuerdo aprobado por el pleno señala que los municipios están obligados a fundar y motivar exhaustivamente las tarifas y cuotas que pretendan incluir en sus leyes de ingresos, garantizando que las contribuciones sean proporcionales y razonables.
Finalmente, los legisladores coincidieron en que el respeto a la autonomía municipal no puede convertirse en un pretexto para imponer cargas fiscales indebidas que afectan directamente la economía de las familias tlaxcaltecas.
“Los congresos locales debemos garantizar certeza jurídica y proteger el bolsillo de los ciudadanos. Esa es nuestra obligación constitucional”, refiere el documento que será remitido a los 60 ayuntamientos.
