Lunes, mayo 10, 2021

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Ex comisionados impugnarán fallo de Congreso; rinden protesta los tres suplentes

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Tras aseverar que fue violentado “el debido proceso”, Marlene Alonso Meneses anunció que recurrirá ante la justicia federal su destitución como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado Tlaxcala (IAIP-Tlax), pues consideró que el fallo carece de argumentos jurídicos y prevalece las posiciones políticas.

En tanto, en sesión extraordinaria de la comisión permanente del Congreso la noche de este jueves, los comisionados suplentes, Didier Fabián López Sánchez; Fernando Hernández López y Mónica Cuamatzi Hernández rindieron protesta al cargo y se les comisionó a que entre ellos nombren al presidente del Consejo General del IAIP.

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Por la mañana, en conferencia de prensa, Marlene Alonso consideró que el fallo en su contra, adoptado los primeros minutos de este jueves por el Congreso local, fue una  “resolución salomónica” para “sacrificarme a mí y que los diputados intenten limpiar su imagen”.

“Yo rechazo categóricamente la determinación del Congreso porque fue una decisión política y no jurídica, que obviamente fue poco analizada, me sacrificaron a mí y a la razón legal la minimizaron por una decisión política y se fueron por una salida salomónica en la que no persiste el razonamiento jurídico y sin apego a la normatividad”, señaló.

Alonso Meneses advirtió que los legisladores no se apegaron al debido proceso y violaron las garantías individuales, por lo que no descartó incluso llegar hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para defender su posición, pues si bien constitucionalmente la decisión es inatacable, los vicios del procedimiento sí pueden ser susceptibles de impugnación.

Abundó que parte de las irregularidades de los congresistas es que nunca exhibieron el dictamen firmado por la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Responsabilidad de Munícipes y Desafuero, en contra los Comisionados, como tampoco asistieron los integrantes de esa representación parlamentaria, lo que redunda en que no actuaron apegado a derecho.

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Explicó que una vez que sea notificada de la determinación del Poder Legislativo, tendrán que dejar su oficina y en todo caso los suplentes llamados habrán de tomar las riendas del IAIP a partir del 1 de agosto, fecha en que todo el personal regresa de vacaciones, por lo que en este momento todos los procesos administrativos y jurídicos se encuentran detenidos.

Aunque recordó que no existe el nombramiento ni reconocimiento de los tres comisionados suplentes, ya que a los diputados de la LXI Legislatura local que los nombraron se les “olvidó” incluirlos en el decreto 299, pues en éste solo existe el nombramiento de los tres comisionados propietarios.

Antes, en entrevista colectiva, Alonso Meneses sostuvo que por el proceder de los legisladores, estimó que existió una consigna para afectarla y deponerla del cargo de comisionada.

“Estamos frente a un tema de ilegalidad, porque hay violación al debido proceso, por lo que estoy en la posibilidad de acudir ante las instancias correspondientes a hacer valer mi derecho, porque incluso, no me dejaron conocer el dictamen, entonces cómo podría defenderme sino conocí el resolutivo, lo cual es violatorio de la constitución. Supongo que hubo consigna en mi contra”, acotó.

En tanto, trascendió que Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales también acudirán ante las instancias jurisdiccionales para tratar de revertir la determinación mayoritaria que adoptó la LXIII Legislatura local y por la cual, deberán de dejar el cargo comisionados del IAIP-Tlax.

En tanto, la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Ana Bertha Mastranzo Corona, defendió el proceso de juicio político instaurado en contra de los tres comisionados, por lo que reconoció que “están en su derecho de tratar de echar abajo la decisiones de la mayoría”.

La legisladora descartó que exista algún tipo de temor de parte de los diputados por las implicaciones jurídicas que pudiera tener esta resolución de acuerdo con lo advertido por los propios afectados.

“Nosotros estamos firmes, tendrán que demostrar su dicho y al final de cuentas, la facultad para proceder es del pleno y de la mayoría de los diputados, porque si bien, las comisiones hacen un trabajo, al final la resolución es del pleno y así se resolvió”, concluyó la diputada de Morena.

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