Buscan comunidades evitar que partidos políticos definan candidaturas indígenas

Los presidentes de comunidad de Ixcotla y Cuauhtenco impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, la cual confirma el acuerdo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), respecto de la asignación de candidaturas a personas que se autoadscriban como indígenas, por parte de partidos políticos.

Crispín Pluma Flores, autoridad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, y Juan Cocoletzi Conde, de San Felipe Cuauhtenco, perteneciente a Contla de Juan Cuamatzi, acudieron este lunes a ese órgano jurisdiccional a promover, por separado, un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales  Colectivos (JDC).

De esta forma, solicitaron  la invalidación de la sentencia identificada con la clave SCM-JDC-304/2020 y SCM-JDC-305/2020 acumulados, la cual les fue notificada personalmente la semana anterior.


El 28 de noviembre del año pasado, el ITE emitió el acuerdo ITE-CG 63/2020, para establecer que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, deberán postular cuando menos dos fórmulas compuestas por personas que se autoadscriban como indígenas, en la elección de diputaciones en los distritos electorales locales 3, 8, 9, 10, 12 o 15 del estado, para contender en el proceso comicial ordinario 2020-2021.

Sin embargo, este resolutivo fue refutado ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF el día 30 de diciembre de 2020, por considerar que es contrario a lo que solicitaron desde un inicio del camino legal para reclamar respeto a los derechos políticos de las comunidades que eligen a sus autoridades bajo su propio sistema normativo, sin la injerencia de organismos políticos.

Pero el pasado jueves 14 de este mes, dicha Sala Regional ratificó el acuerdo del ITE, de ahí que ambos presidentes de comunidad y otras ex autoridades de estas comunidades nahuas ubicadas en las faldas del volcán la Malinche, recurrieron nuevamente a pedir la protección de la justicia federal.

Explicaron que su requerimiento central es la revocación de la sentencia SCM-JDC-304/2020 y SCM-JDC-305/2020 acumulados, “para evitar que el acuerdo del ITE sea un factor adicional de dominación ejercido por el sistema de partidos políticos, que opera como un poder hegemónico y racista en Tlaxcala”.

Además, para que de inmediato se dicten medidas de protección y de suspensión, a fin de impedir “cualquier actividad que pudieran realizar los partidos para buscar candidatas y candidatos en nuestras comunidades, pues va expresamente en contra de la protección de nuestros derechos colectivos que solicitamos y podría causarnos daños irreparables a nosotros y a otras localidades originarias del estado”, añadieron.

Asimismo, resaltaron que a través de este juicio se expone a la Sala Superior del TEPJF que  el ITE “estableció una ‘acción afirmativa’ justo por el sistema occidental ajeno, es decir, el de los partidos políticos”.

Resaltaron que sus comunidades respectivas se encuentran en “grave e inminente riesgo” a raíz del acuerdo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, porque fueron incluidas por formar parte de los distritos 8 (Contla) y 9 (Chiautempan).

Reiteraron su demanda de ordenar al Congreso local que legisle para instaurar un proceso de consulta previa, libre e informada, para que sean estos pueblos los que decidan si desean nombrar por asamblea a las personas que podrían desempeñarse como diputadas o diputados y que se les brinde la opción de cambio de régimen.

Esto es, que las comunidades que se autoadscriban como nahuas o Yu’mhú (Otomíes), pero que en la actualidad se rigen por partidos políticos, tomen una decisión al respecto.

Pluma Ahuatzi y Juan Cocoletzi también solicitaron a la Sala Superior que ordene una redistritación para el siguiente proceso electoral, “dado que la demarcación de circunscripciones no se ajusta a las realidades históricas de estas comunidades”, porque los territorios indígenas no coinciden con los distritos actuales.

Asimismo, pidieron que se giren instrucciones al Congreso local de colaborar con el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Tlaxcala), la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y otras instituciones que tienen expertos en pueblos originarios y sus formas de organización, para llevar a cabo un proceso de consulta después de las elecciones de junio próximo.

El acuerdo del ITE no sólo contraviene expresamente lo que estas comunidades han pedido, sino el marco convencional y constitucional; la jurisprudencia del TEPJF y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los más altos principios internacionales, en particular, la maximización de la autonomía y la mínima intervención, citaron.

Lo planteado en cuanto al acceso a cargos públicos por vía de sistemas normativos indígenas, “necesariamente tiene que entenderse desde el derecho a la libre determinación y autonomía”, destacaron.

Exigieron al Estado respetar la dignidad de estos pueblos, pues “tienen derecho a decidir sus formas de gobierno, no sólo interna, sino también en la de interactuar con el gobierno amestizado, de acuerdo a sus normas y procedimientos; la situación actual es de enfrentamiento y marginación de los ordenamientos jurídicos indígenas frente al derecho escrito, al derecho ajeno y al sistema de partidos”.

La resolución de la Sala Regional “nos pone en total indefensión”, ya que Ixcotla y Cuauhtenco promueven el autogobierno comunal “que sirve como mecanismo para la defensa de nuestras tierras y de la manera de tomar decisiones en colectivo, de trabajar, de realizar ritos y fiestas… ejercida en 94 comunidades del estado”, indicaron.

Por tanto, estas autoridades reiteraron su requerimiento de que a sus normas y a su forma de nombrar a autoridades, no se les trate “como inferior al derecho escrito y al sistema de partidos; se trata de un racismo sistémico que resulta en la discriminación y negación a la diferencia, pues la resolución del TET y de la Sala Regional se basa en el discurso de la ‘igualdad’ para borrar la diversidad”.

Los partidos desarrollan campañas electorales de una manera “que no responde a nuestras normas y prácticas. El sistema partidario genera una lucha de ‘competidores’, basada en intereses personales, mientras para que una persona sea nombrada autoridad en  comunidades indígenas, debe ser respetada”, remarcaron.