En medio de señalamientos y dudas respecto a la autonomía que deberá ejercer, este jueves inicia su vida constitucional la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJE), instancia que entra a suplir a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
Las dudas, que han sido señaladas por activistas de organizaciones de la sociedad civil, diputados y dirigentes partidistas es porque, desde su óptica, solo se trata de un cambio de nombre de la institución, la cual estará supeditada al Poder Ejecutivo local, amén de la designación, como la primera titular de esa dependencia, de Ernestina Carro Roldán.
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En su momento y tras su designación, la propia Carro Roldán negó que la nueva instancia vaya a supeditarse al gobierno del estado en turno, al asegurar que la “Fiscalía es autónoma, es un cambio, no es una continuidad y evidentemente estaremos en una transformación gradual porque no se puede dar la una transformación de un día para otro”.
El parto de la Fiscalía no fue sencillo, porque tras varios años de omisión constitucional para su creación, fue hasta el pasado 19 de marzo, cuando el pleno del Congreso local reformó la Constitución Política local para dar extinguir a la PGJE y crear la nueva institución, la cual inicia funciones este 1 de agosto.
Dicha enmienda establece que la procuración de justicia estará a cargo de la Fiscalía General de Justicia del estado, que será una instancia con la naturaleza de un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión.
La nueva Fiscalía deberá establecer una política para investigar y perseguir de manera estratégica los delitos del fuero común; aquellos en los que, por disposición de las leyes generales, exista competencia concurrente, así como federales cuando lo determine la ley. Para tales efectos tendrá bajo su mando inmediato a la policía de investigación.
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Además, a Fiscalía deberá contar, en su estructura orgánica, con una unidad interna de estadística y transparencia, que garantice la publicación oportuna de información, y con una unidad interna de combate a la corrupción y a la infiltración de la delincuencia organizada y contará con fiscalías especializadas para la investigación de determinados delitos, “conforme a los que la ley disponga”, las cuales contarán con personal multidisciplinario, capacitado específicamente para cumplir su objeto, y fijaron que los derechos laborales de las personas trabajadoras de la PGJE se preservarán con independencia de su transición a la nueva institución.