Domingo, febrero 25, 2024

Están pensando en las urnas

Este febrero se cumplen 17 años de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en palabra de la gran maestra feminista, Marcela Lagarde y de los Ríos, “se trata de una ley general que establece condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas las mujeres, es aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres órdenes de gobierno. En este enunciado hay un paso enorme: el sujeto de la ley son las mujeres, todas las mujeres”.


En 2008 se creó la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, y es pertinente decir que éstas son las hojas de ruta para toda persona tomadora de decisiones para accionar las capacidades institucionales y proteger la vida e integridad de las mujeres en todo el país y en el territorio estatal. El conocimiento, análisis y continúa evaluación de lo previsto en estos dos instrumentos jurídicos son obligados para transformar realidades de violencias en otras donde la protección y garantía de derechos humanos sea para todas y todos.

El fin de semana pasado, otra mujer muerta por feminicidio en Tlaxcala da testimonio del fracaso de las autoridades todas, en el cumplimiento de estas leyes; con todo y las erradas campañas mediáticas, con todo y los recursos públicos y los discursos de que las mujeres no estamos solas y que tenemos autoridades aliadas, que nada significan y que nos dejan ver los grandes vacíos e ignorancias que no logran contener los hechos de violencia contra mujeres y niñas que no deberían existir en el estado más seguro del país y en el estado donde se vende el discurso de que se trabaja y se redoblan esfuerzos también por la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

La búsqueda del reflector y atención mediática provocan que las ocurrencias aparezcan vestidas de buenas intenciones en tiempos electorales, como aquello de brindar a los agresores atención psicológica, porque si la diputada Lorena Ruiz García ya hubiera leído por lo menos estas leyes, más bien buscaría pedir cuentas al Instituto Estatal de las Mujeres, al Centro de Justicia, a los municipios y al sector salud sobre el cumplimiento de sus obligaciones respecto del tema. Y así muchas autoridades que están pensando en las urnas y no en la protección de vidas de mujeres y niñas.

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