En el caso la cuenca Atoyac-Zahuapan, en lugar de que el Estado o el gobierno asuma su responsabilidad de garantizar el derecho a la información, invierte el papel y deposita en la ciudadanía la carga de comprobar lo que dice sobre los daños por contaminación a la salud y al medio ambiente, asevera Federico Pohls Fuentevilla, exdirector del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
En uno de los videos; correspondientes a una serie que esta organización difunde a través de sus redes sociales, puntualiza que este derecho que toda persona tiene para solicitar y recibir la información administrada por las instituciones públicas, para saber qué pasa, por qué y qué consecuencias tiene, a fin de tomar decisiones y exigir con base en la ley, la autoridad no lo garantiza, pese a estar establecido en la Constitución estatal y federal.
Puntualiza que la experiencia de poblaciones perjudicadas por esta contaminación al momento de ejercer esta garantía, es la de recibir una reacción institucional que niega la existencia del problema o lo minimiza, pues dice, “ah bueno, sí, pero no es para tanto”.
Recuerda que cuando la gente empezó a notar que sus vecinos y familiares, desde hace más de 30 años, tienen enfermedades graves que antes no había y que están asociadas a cambios en el entorno, sobre todo por desechos vertidos al río y por olores en el agua, llegó con la autoridad para preguntar qué pasa, pues también se registran algunas muertes; y apunta que en lugar de asumir su responsabilidad como Estado o como gobierno, lo que hace es dejarle a la ciudadanía que compruebe eso que está diciendo y le hace asumir la carga de la prueba… “se invierten los papeles”.
Mayra Peña, de la Coordinadora Por un Atoyac con Vida, refiere que el derecho a la información es uno de los más violentados, por lo que es:
“necesario y urgente que las autoridades hagan extensivo las condiciones ambientales de las zonas afectadas por la contaminación” en esta cuenca.
Expone que hace casi cuatro años su sobrino enfermó de cáncer, sin poder explicárselo, por lo que esta situación la orilló a buscar información sobre las causas, “porque –dice- no llegó a mí… las autoridades son totalmente omisas, negligentes… el derecho a una justicia ambiental llega a cuentagotas”.
El Centro Fray Julián Garcés precisa que la recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humamos (CEDH) sobre la contaminación de este río, “reconoce la violación al derecho a la información” por parte de autoridades federales, estatales y municipales, en agravio de las comunidades. Por tanto, resalta la importancia de que la sociedad se encuentre informada para poder exigir.