Lunes, julio 22, 2024

Estado deberá de otorgar atención médica a víctimas de violencia familiar y sexual

Con la finalidad de establecer criterios y procedimientos adecuados para tratar los casos de violencia sexual y familiar, a fin de que las víctimas sean atendidas en instituciones públicas de salud, el pleno del Congreso local aprobó una serie de adhesiones a la Ley de Salud del estado de Tlaxcala entre las que se prevé facilitar y acompañar el proceso para la interrupción de embarazos productos de violaciones.

Este martes, en la sesión ordinaria de la LXIV Legislatura local, los diputados aprobaron el dictamen por el cual se crea en esta ley un apartado para garantizar la atención médica a víctimas de violencia familiar y sexual, a fin de que éstas sean atendidas bajo un procedimiento debidamente regulado, en la que puedan recibir el tratamiento más idóneo para cada caso y con ello restablecer su salud médica y mental, así como canalizarlas a las dependencias de procuración de justicia o asistencia social para denunciar y atender esos hechos.

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La enmienda prevé que se entenderá como atención médica de violencia familiar o sexual al conjunto de servicios de salud que se proporcionan con el fin de promover, proteger y restaurar, al grado máximo posible, la salud física y mental, de las personas usuarias involucradas, en alguna situación de probable violencia familiar o sexual, que pueda ser materia de investigación ante el Ministerio Público o de algún proceso jurisdiccional.

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Los legisladores dispusieron en la norma que las instituciones de salud en el estado de Tlaxcala estarán obligadas a ofrecer atención médica a las personas usuarias involucradas en alguna situación de probable violencia familiar o sexual, que pueda ser materia de investigación ante el Ministerio Público o de algún proceso jurisdiccional, apegándose a los criterios de oportunidad, calidad técnica e interpersonal, confidencialidad, honestidad, respeto a su dignidad y a sus derechos humanos, así como con perspectiva de género, que permita comprender de manera integral el problema de la violencia.

Además, deberán proporcionar orientación y consejería a las personas involucradas en alguna situación de probable violencia familiar o sexual, debiendo remitirlas, cuando se requiera, a otros servicios, unidades médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva; en caso de requerirlo, a un refugio, a fin de lograr precisión diagnostica, continuidad del tratamiento, rehabilitación o seguridad y protección, así como asistencia legal y psicológica, para las cuales estén facultadas.

Los legisladores incluyeron en esta disposición legal que para el tratamiento específico de las personas involucradas en alguna situación de probable violación sexual, las instituciones de salud pública del Estado considerarán como urgencia médica la atención a quienes pudieran tener el carácter victimas de ese delito, brindándola inmediatamente y comprendiendo tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico, de acuerdo al estado de necesidad y cuadro clínico que presente la probable victima al momento de su valoración.

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Para ese fin, deberá implementarse un esquema de coordinación entre los diversos organismos de salud pública en el estado de Tlaxcala, en cuanto a la prestación de sus servicios de urgencias y en los casos en que, durante la atención médica, a una persona afectada le practiquén el examen médico de lesiones, proctológico y ginecológico, por perito médico oficial, sin demora, deberá compartirse el resultado de su dictamen con la institución de salud pública que esté brindado atención médica a esa persona, a fin de que aquella lo tome en consideración para aplicar el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico más idóneo para el restablecimiento de la salud y estabilidad emocional de la o el paciente.

De manera puntal, establecieron que en caso de la probable comisión del delito de violación, las institución de salud pública deberán, de acuerdo con la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato, y hasta en un máximo de 120 horas posteriores a que ocurra el evento, el servicio de anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada, y tratándose de niñas o adolescentes, deberá realizarse con consentimiento de quien ejerza la patria potestad, o de quien legalmente las represente.

De igual forma, instauraron la disposición de que cuando la persona afectada por alguna situación de probable violencia familiar o sexual sea una niña, un niño o adolescente, o una persona legalmente incapaz para decidir por sí misma, la institución de salud dará conocimiento a la instancia de procuración de justicia que corresponda, así como al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, para que intervengan conforme a sus atribuciones y en caso de que las lesiones que presente la víctima no constituyeran un delito perseguible de oficio, el médico tratante informará a la persona usuaria.

Los congresistas dispusieron que en caso de embarazo por probable violación, las instituciones de salud deberán proceder conforme a lo establecido en el artículo 44 Bis de la Ley de Salud, que establece que previa autorización del Ministerio Público, las instituciones públicas de salud del gobierno del estado de Tlaxcala, gratuitamente y en condiciones de calidad, deberán proceder a la interrupción del embarazo en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de Tlaxcala, cuando la mujer interesada así lo solicite.

Esa disposición ya prevé que dicha interrupción del embarazo deberá realizarse en un término de cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable. Las instituciones de salud pública tendrán la obligación de proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva y veraz suficiente sobre la interrupción legal del embarazo, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. Esta información deberá ser proporcionada de manera inmediata y no deberá tener como objetivo, inducir o retrasar la decisión de la mujer.

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