Las soluciones ante el complejo problema que enfrentan las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) del país, en las que se incluye a la Cuenca del Alto Atoyac Puebla-Tlaxcala, no son tarea de un solo sexenio, por lo que es obligatorio que la siguiente administración federal las reconozca y que acepte que son “una triste y vergonzosa realidad nacional”, aseveraron investigadoras.
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Esta observación la expusieron en su colaboración en la Revista de Ciencias y Humanidades del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), institución que presentó la edición especial del noveno número, dedicado a difundir resultados de investigaciones que ayudan a comprender la contaminación y crisis socioambiental, “con base en el rigor científico que merece defender el derecho a una vida digna”.
En el texto titulado “La atención requerida hacia las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental”, las científicas Margarita Castillejos Salazar y Alina N. Rendón-Lugo resaltaron la importancia de contar con información necesaria respecto del deterioro ambiental y el impacto en la salud humana, provocados por agentes tóxicos y procesos contaminantes, para tomar las decisiones comunitarias, gubernamentales e industriales, más adecuadas.
Ello para detener el daño que histórica y dolosamente “se ha invisibilizado y desatendido en las RESA, pues destacaron que las comunidades que viven en estas circunstancias desde hace varias generaciones son altamente vulnerables, debido a una continua exposición a contaminantes y tóxicos, principalmente de origen industrial o agrícola.
“A esta circunstancia se suma que se han enfrentado a una serie de obstáculos, como corrupción, depredación industrial y demagogia política, que les han impedido visibilizar e implementar estrategias de solución realmente efectivas”, indicaron.
Realzaron que esta circunstancia ha llevado a esas poblaciones a organizarse y movilizarse, para conseguir que las instancias de salud, ambiente, ciencia y tecnología
asuman a profundidad responsabilidades que les corresponden, mediante la integración del Grupo de Coordinación Interinstitucional.
Por tanto, enfatizaron que la acción y vigilancia comunitarias se han vuelto necesarias para evitar que esta integración sea volátil o efímera, pero subrayaron que se debe impulsar que las autoridades continúen los trabajos en constante comunicación y retroalimentación, y que se involucre a otras instancias de los tres niveles de gobierno.
Consideraron que es fundamental elaborar una planificación integral y con visión de futuro, coordinada por el Conahcyt; sin embargo, acentuaron que las poblaciones que viven en las RESA son vulnerables debido a distintos factores, a los que se suma la grave contaminación que ha provocado diversos padecimientos y muertes.
Aunque, remarcaron que hace falta documentar esas problemáticas de manera más completa para dar seguimiento a los casos “y hacer que las autoridades responsables tomen cartas en el asunto”.
Primero -señalaron-, es indispensable atender y tratar a la población enferma y, segundo, prevenir el daño que estas condiciones adversas y tóxicas pueden seguir causando en muchas otras personas y generaciones.
Enfatizaron que para llevar a cabo las distintas medidas incluidas en las nuevas investigaciones sobre las RESA, se requiere la participación de las comunidades y áreas del gobierno, dispuestas a dialogar con la industria para establecer una regulación laboral y ambiental más estricta.
De acuerdo al Primer Informe Estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac Tlaxcala y Puebla, la zona del Zahuapan es donde se presentan las mayores emisiones de contaminantes, principalmente de la industria química.
Además, revela que en la población de adolescentes de la zona centro de Tlaxcala se han identificado compuestos tóxicos y que en seis municipios del estado hay una elevada tasa de mortalidad debido a una correlación con la contaminación ambiental, entre otras problemáticas.
