Jorge Martínez Castro, representante del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), advirtió que la falta de reglamentación ha dejado en el limbo las facultades específicas de la Coordinación de Bienestar Animal (CBA), “dificultando la medición de su productividad”.
Expuso que a pesar de que para 2024 a la CBA se le asignó un presupuesto superior a 12 millones de pesos, los resultados reflejan “serias discrepancias”, pues “en un año realizó cuatro mil 164 cirugías de esterilización de animales de compañía, con un costo superior a un millón de pesos, mientras que el Centro de Atención Canina y Felina del estado, efectuó 31 mil 187 con cinco millones de pesos, lo cual evidencia un desempeño siete veces menor de la Coordinación, cuyo costo operativo “es elevado”.
Mencionó que a casi dos años de que la Ley de Bienestar Animal para el estado de Tlaxcala entró en vigor, el 31 de diciembre de 2022, las omisiones tanto del gobierno estatal como de los municipales evidencian el rezago en su implementación efectiva.
Remarcó que las omisiones han impedido la correcta implementación de la ley, pues el gobierno estatal no ha emitido el Reglamento de la Ley de Bienestar Animal, el del Consejo Consultivo Estatal de Bienestar Animal ni el Interno de la propia Coordinación de Bienestar Animal.
La CBA no cuenta con un marco normativo claro que delimite sus funciones, ya que su reglamento debe ser parte del Reglamento Interno de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), lo que impide la elaboración de los manuales de Organización y Procedimientos requeridos por la ley, indicó.
Agregó que en términos de transparencia, e la Coordinación de Bienestar Animal entrega información incompleta sobre sus actividades, pero afirmó que es más preocupante la respuesta del Centro de Atención Canina y Felina Estatal a las solicitudes, pues alegó no estar registrado en el catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (Clues) de los Servicios Estatales de Salud, lo cual impidió al OCPA obtener datos del periodo octubre de 2023 a noviembre de 2024.
Por otra parte, refirió que 23 ayuntamientos no han publicado los reglamentos obligatorios que establece la ley, entre lo que se encuentran Apizaco, Altzayanca, Chiautempan, Cuapiaxtla, Tequexquitla, Españita, Mazatecochco, Nanacamilpa, Nativitas,Teacalco Huactzinco, Quilehtla, Teolocholco, Tepetitla, Tepeyanco, Terrenate, Tetla, Tetlatlahuca, Tocatlán, Xaloztoc, Xaltocan, Zacatelco y Zitlaltepec.
Pero de los 37 municipios que sí cuentan con su reglamentación, la mayoría no ha implementado medidas concretas; incluso, algunos, como Texóloc y Tetlanohcan, evidencian un desconocimiento al respecto, a pesar que se encuentran vigentes desde agosto de 2023 y marzo de 2022, respectivamente.
Reiteró que estas omisiones “limitan significativamente el impacto de la ley en el bienestar animal y comprometen la confianza ciudadana en las autoridades”, por lo que hizo un llamado al gobierno estatal y municipal para subsanar estas deficiencias y garantizar el cumplimiento de la normatividad.
Finalmente, instó a que se priorice la emisión de los reglamentos pendientes, a que se mejore la transparencia en el acceso a la información pública y a que se garantice la correcta aplicación de las disposiciones legales para proteger a los animales.
