Envió Ejecutivo iniciativa al Congreso local para crear nueva Ley del Notariado del estado

Congreso del Estado de Tlaxcala. Foto:Alejandro Ancona/La Jornada de Oriente

Con la finalidad de evitar la asignación de patentes a personas sin perfil ni conocimientos en la materia, sino por otros intereses, el titular del Poder Ejecutivo local, Mariano González Zarur propuso al Congreso local la creación de una nueva Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala.

La propuesta contempla un nuevo esquema de oposición para la asignación de las patentes de notarios, así como las causales para cancelar éstas, además de su distribución y el número de las mismas por la entidad.

En su iniciativa, el mandatario justifica su propuesta al señalar que busca “evitar suspicacias en cuanto al otorgamiento de las patentes, pero también los vicios y las viejas prácticas que se llegaron a presentar en el pasado para beneficiar a ciertas personas que no tenían la capacidad ni el perfil adecuado para ejercer como notarios y que lo único que se logró fue desprestigiar al gremio y perjudicar a los usuarios poniendo en riesgo la legalidad de sus actos y transacciones”.


La propuesta establece que para el otorgamiento y creación de notarías, el titular del Poder Ejecutivo tomará en consideración la población beneficiada y tendencias de su crecimiento, las estimaciones sobre las necesidades notariales de la población y las condiciones socioeconómicas de la población del lugar propuesto como residencia.

Como requisitos para obtener una constancia de aspirante a notario, planteó que los interesados deben contar con título y cédula profesional de posgrado en Derecho Notarial, Contractual o Privado, expedidos legalmente con una antigüedad mínima de cinco años anteriores a la solicitud. En caso de no cubrir este requisito, se necesitaría acreditar la realización de prácticas notariales de manera ininterrumpida por un período mínimo de un año en alguna notaría del estado o acreditar el curso de formación de aspirantes a notario que imparta la dirección respectiva, además de no ser pariente hasta el cuarto grado en línea recta o transversal del titular del Poder Ejecutivo local.

Quienes cumplan con ese requisito podrán participar en un examen para obtener la patente, el cual constará de dos pruebas: una práctica y otra teórica, esta última será pública y podría ser realizada por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Asimismo, propone una serie de disposiciones para sancionar y, en su caso, hasta cancelar la patente de notario, como incurrir en falta de probidad en el ejercicio de su función, haber recibido el monto de impuestos o derechos causados por la operación contenida en un instrumento y no enterarlos en la oficina fiscal recaudadora, permitir la suplantación de su persona o el uso por un tercero de su sello de autorizar o de su firma, rendir informes falsos a la Secretaría, a la Dirección, a las autoridades jurisdiccionales o al Ministerio Público; expedir testimonios de escrituras, faltando las firmas de cualquiera de los intervinientes o del propio notario; desempeñar las funciones notariales en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes; y por simular actos jurídicos.

Por otra parte, la iniciativa contempla, a efecto de modernizar y hacer más eficiente la labor de los de notarios, el protocolo electrónico como el conjunto de documentos y archivos electrónicos en que constan los hechos y actos autorizados por el notario. Los instrumentos públicos redactados o impresos en soporte electrónico, conservarían ese carácter, siempre que contengan la firma electrónica avanzada y sello electrónico necesariamente integrado con impresión digital del notario y, en su caso, de los otorgantes, obtenidas éstas de conformidad con la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado.

De acuerdo con González Zarur, la iniciativa busca establecer “reglas claras y transparentes, acordes con la realidad actual del estado, para que la función notarial sea más eficiente, de una mayor calidad, que satisfaga las necesidades de todas aquellas personas físicas y morales que requieran de sus servicios y se garantice plenamente la seguridad y certeza jurídica de sus actos”.