La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes, presentó este jueves el Informe Anual de Actividades 2025 del Poder Judicial, en el que reconoció que la institución atraviesa una etapa de transformación estructural y se prepara para uno de los desafíos más importantes de los últimos años como es la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En un acto celebrado en el salón verde del Palacio Legislativo, ante la presidenta de la mesa directiva, Maribel León Cruz, y del presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ever Campech Avelar, así como magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial e integrantes del Órgano de Administración Judicial, Amador Montes afirmó que el Poder Judicial enfrenta “una etapa que exige coordinación, corresponsabilidad y visión de largo aliento”.
Durante su intervención, destacó que en 2025, trabajaron para consolidar un Poder Judicial “más profesionalizado y orientado a resultados”, con el objetivo de generar beneficios directos para los justiciables.
Además, aseguró que el año que concluye ha estado marcado por “grandes cambios”, que el tribunal asumió “con la convicción de que todo proceso de transformación implica adaptación, reestructuración y cooperación institucional”.
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“El informe entregado al Congreso concentra el trabajo jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, y refleja el esfuerzo por acercar la justicia a la población”, detalló.
La magistrada presidenta puntualizó que uno de los avances señalados fue la creación de un juzgado familiar especializado en actos urgentes para mujeres, así como de un juzgado itinerante de primera instancia en materia civil y familiar, mecanismos que permiten llevar servicios a municipios apartados.
La presidenta del TSJE también informó sobre la puesta en marcha de una segunda unidad del Centro de Justicia Alternativa, con la que se busca fortalecer la resolución de conflictos mediante métodos distintos a la judicialización, pues “no todo tiene que ser judicializado”, al resaltar la importancia de los entornos de paz y de la atención especializada en comunidades que carecían de estos servicios.
En materia jurisdiccional, mencionó avances en los juzgados de primera instancia, tribunales de juicio oral, salas civil, familiar y mercantil, así como en el ámbito penal y en el sistema de justicia para adolescentes. Reiteró que las resoluciones continúan emitiéndose con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y estándares internacionales en acceso a la justicia, compromisos que calificó como “ineludibles e irreversibles”.
Sin embargo, advirtió que el Poder Judicial enfrenta un reto mayúsculo para el año 2026 como es la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que calificó como una “revolución procesal” que demandará uniformidad, capacitación permanente y fortalecimiento institucional, por lo que “habremos de trabajar coordinadamente para cumplir con este desafío histórico”.
Amador Montes subrayó que el informe refleja el trabajo de todas las personas que integran el Poder Judicial y permite a la ciudadanía evaluar los resultados y confiar en la institución.
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