En junio de 1994 fue firmada la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”, instrumento jurídico parteaguas porque en él se reconoce que la violencia contra las mujeres constituye “una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades” y es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
A 30 años de distancia, en Tlaxcala, el funcionariado público, las y los legisladores, las y los integrantes del Poder Judicial, así como quienes conforman los partidos políticos, deberían darse a la tarea de leer dicha convención, no sólo como breviario cultural sino para entender y asumir responsabilidad ante lo que hacen, omiten y permiten hacer.
Esta convención reconoce el derecho que toda mujer tiene a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado y ha dado marco para que, en México se creara la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, por ende, la ley estatal.
A 30 años de distancia, en este “tiempo de las mujeres”, de que ha llegado la primera “PresidenA con A”, y de esta “revolución de las conciencias” resulta reprobable que el partido político en el poder, presidido por una mujer, abra los brazos, las puertas y el poder a un violentador de mujeres como lo es el excandidato perdedor a la presidencia municipal de Chiautempan, olvidando el mandato del expresidente de tener cuidado y reservarse el derecho de admisión para no recibir cascajo. Existen sumas que restan.
En el Congreso deben leer esta convención, para entender que deben despenalizar el aborto, atendiendo el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2023 determino que es inconstitucional su penalización. Los derechos humanos no se pueden frenar por las creencias personales y es un atentado a ellos dar más poder al violentador.
