De las declaraciones que las autoridades estatales han hecho respecto de la seguridad que se vive en nuestro estado, mucho se ha cuestionado sobre ¿cuál es la realidad de la que estas figuras hablan?, ¿realmente creen que son casos aislados los asesinatos, violaciones, las muertes violentas de mujeres, las desapariciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres?, ¿qué imagen quieren cuidar oponiéndose rotundamente a la Alerta por Violencia de Género?, ¿cómo es que entienden la violencia que vivimos las mujeres y cómo pretenden disminuirla sin un compromiso político, ni las capacidades necesarias para generar política pública con perspectiva de género?
Entre sus declaraciones y el maquillaje de las cifras que presentan a nivel estatal (cuando se les solicita, ya que de lo contrario no lo hacen) los ataques a mujeres se mantienen en la impunidad, no son temas de urgencia en sus agendas; y no sólo es una percepción personal, es la inconformidad social de mujeres y hombres que ya no sienten seguridad en este estado, entre desapariciones, asesinatos, violaciones, feminicidios, impunidad, robos, asaltos y otros delitos que se llevan a cabo y se dan de conocimiento todos los días, es evidente la inexistencia de un combate estratégico a la delincuencia. La perspectiva de género nos permite comprender cómo estas realidades impactan de manera distinta a las mujeres y a los hombres por razones del género, que mantienen actitudes y conductas violentas hacia las mujeres que socialmente siguen siendo normalizadas; desafortunadamente, a nivel institucional, en repetidas ocasiones hemos escuchado declaraciones que minimizan estas violencias o que justifican reproduciendo frases machistas.
En los últimos días se han dado a conocer datos a nivel nacional que tienen que ver con la impartición de justicia y el ejercicio de la violencia en contra de las mujeres, mismas que reflejan el actuar de las autoridades en la materia; cabe mencionar que, si bien hemos reflexionado en la responsabilidad que ciudadanía y academia también tenemos para aportar a los cambios urgentes de estas violaciones a los derechos humanos, no podemos olvidar las obligaciones y responsabilidad del Estado, además de que son quienes cuentan con recurso para llevar a cabo tales acciones. Tlaxcala dista ya de ser un estado tranquilo, de salir con toda la tranquilidad y libertad sin temor a ser víctima de algún delito de alto impacto y que, además, no haya sanción para nadie.
En el estudio titulado “Índice de Estado de Derecho en México 2018” de la organización internacional World Justice Project, que evalúa por primera vez la prevalencia del Estado de derecho en cada entidad federativa, muestra que la corrupción, la falta de medidas regulatorias claras y la violencia, son los principales factores que debilitan la existencia de condiciones plenas de legalidad en el país. Así, podemos dar cuenta que al menos en el delito de feminicidio, para el caso de Tlaxcala no existe sentencia alguna para el feminicida, los más de 80 casos desde la tipificación de este delito en 2012 están en la impunidad porque no se ha tenido ni la capacidad, ni el interés para esclarecer tales actos misóginos hacia las mujeres. Otro claro ejemplo es la falta de debida diligencia ante actos de desapariciones y violencia sexual que, cuando se llega a hacer la denuncia, existe una grave revictimización y acoso a la afectada y/o hacia los familiares, iniciando actas circunstanciadas que no llevarán a ningún fin en las investigaciones, cansando y llevando a las víctimas y familiares a renunciar al proceso jurídico.
De manera generalizada, México presenta muchos focos rojos en materia de procuración de justicia. En dicho estudio, una de las investigadoras dijo que la falta de policías y fiscalías preparadas que garanticen investigaciones sólidas, y que resuelvan delitos, es uno de los problemas más graves, que debilita hoy al sistema de justicia del país; de ocho grandes temas que presentan, Tlaxcala aparece como los peores en dos de ellos: Gobierno abierto, que hace referencia a la transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía, y Cumplimiento regulatorio, que trata sobre si las distintas normas y regulaciones en una entidad se aplican de forma real, expedita, siguiendo los procesos estipulados y sin influencias indebidas.
No es casual que muchos de los procesos jurídicos presenten deficiencias o inconsistencias, así como la pérdida de evidencias importantes para aportar a las investigaciones; ni tampoco resulta de extrañeza que no exista información actualizada y real en términos de mostrar cómo se están atendiendo estas problemáticas y si están siendo efectivas o no. Aunque en otros temas como justicia civil y justicia penal ninguna entidad figuró de forma positiva, esas son claras deudas para las víctimas de delitos hacia las mujeres que siguen siendo a quienes se les sigue negando el acceso a la justicia.
Dos feminicidios dados a conocer este fin de semana, un ataque grave hacia la vida de una trabajadora del municipio de Españita por órdenes de un regidor. Los ataques sexuales denunciados que han ido en aumento respecto de los dos años anteriores y las desapariciones, son evidencia de los riesgos cotidianos a los que somos expuestas las mujeres; el silencio y opacidad de las instituciones indignan, mientras se presentan en eventos para actos protocolarios y repiten el discurso de preocuparse por la igualdad entre mujeres y hombres. Mientras que muchas familias y mujeres víctimas de estos ataques siguen a la espera de ver resarcido el daño y de que las autoridades aseguren la no repetición para otras mujeres; su silencio y omisión les convierte en cómplices de la violencia feminicida que no podemos normalizar.
Tampoco podemos olvidar la exigencia a las autoridades responsables de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en los diferentes organismos y en todos los niveles, que no son sólo cifras que pueden manipular y que no tienen el derecho de invisibilizar la vida de las mujeres.