Engie ‘rompió’ acuerdo: García; denuncia presunta agresión hacia defensores de Malpaís

En 2019 Profepa impuso medidas correctivas a la empresa por incumplimiento

La empresa Engie “rompió el acuerdo” de no realizar trabajos en el Polígono II de Monte Malpaís, pues no esperó a conocer el dictamen de investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), aseveró José Francisco García Bazán, ejidatario defensor de esas tierras donde se construye la planta solar Nueva Xcala.

Además, denunció que elementos de seguridad de esa compañía presuntamente arremetieron en contra de él y de otros dos defensores, por lo que interpondrán denuncia penal, por considerar que sus derechos fueron vulnerados.

Recordó que en la reunión celebrada el pasado martes 25 del presente mes, entre autoridades ejidales, representantes de la empresa y ejidatarios, “habíamos quedado que no se iba a mover ni un nopal, ni un maguey, ni una biznaga, que nada más iban a poner un cerco o barda perimetral”, ya que se esperaría a conocer el dictamen de la UACh sobre el ecosistema de Malpaís.


“Pero el miércoles (26) me mandaron a traer del monte; que ya estaban destruyendo y efectivamente. Fuimos Antonio Espinoza, su cuñado Abraham y yo. Llegué solo y me acerqué caminando y aproveché para recolectar unos hongos. Dejé el carro cerca del polígono VI”.

Agregó: “Se acercaron policías y algunos con apariencia de ministeriales, así como un supuesto abogado; entre todos eran como 30. Nos humillaron con palabras altisonantes y hasta mentadas de madre, de todo. Nos apartaron a cada uno”.

Expresó que en ese momento sintió coraje y dolor por la ofensa. “Me desvistieron, me esculcaron y también revisaron el coche; inspeccionaron todo y se llevaron papeles, se puede decir –enfatizó– que me robaron documentos originales importantes de lo que estamos defendiendo. Llegué a pensar que me sembrarían hierba, estupefacientes o armas. Tenía ese temor”.

“Un ‘judicial’ me arrebató de la cintura un oficio que me envió la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y me preguntó si traía un arma. También me obligaron a quitarme el cubrebocas y la cachucha. En el sobre donde iba ese papel, estaban los hongos recolectados”, señaló.

Dijo que también fue fotografiado por esos elementos de seguridad y supuso que lo hicieron “para ficharme, ahorita tienen todo eso en su poder. El trato que nos dieron fue de delincuentes. A los otros dos compañeros les quitaron sus teléfonos celulares”.

Una mujer policía –añadió– intentó intimidarme, dijo que ya había ido a comprar mercancía a mi negocio y dio a entender que eran vestigios arqueológicos originales, pero en realidad son artesanías y se lo dejé bien claro.

García Bazán consideró que la actuación de esos elementos de seguridad privada es un abuso y una violación de derechos humanos. Afirmó que los tres ejidatarios no recibieron agresiones físicas, pero sí fueron intimidados ya que esos policías portaban armas.

“Me ‘agandallaron’, me dijeron que ya estaba viejito, que ya debería estar en mi casa descansando; amenazaron con llevarse el auto a Pachuca, que qué hacía allí, que el terreno ya era de ellos, que rentaron por asamblea”, comentó.

Remarcó que debido a este suceso, él y sus compañeros van a proceder legalmente, pues “no podemos dejarlo así. A veces me siento impotente por lo que hacen”.

Apuntó que este lunes se llevará a cabo la reunión de seguimiento al acuerdo del martes pasado, pero como “la empresa ya lo rompió”, no hay certeza de que se lleve a cabo ni cuál será la postura del resto de ejidatarios.

Expuso que el martes pasado la representación de la compañía dejó entrever su desacuerdo con el estudio que realizan los investigadores de la UACh, “porque –agregó– alcancé a escuchar su comentario de que ellos (los académicos) no tienen ninguna facultad ni autoridad para decir algo, que no tienen valor lo que hacen”.

José Francisco García Bazán refirió que entre los documentos que presuntamente le fueron “robados“ por parte de los elementos de seguridad se encuentran algunas denuncias que presentó ante el gobierno federal desde el año 2017, sobre el proyecto Nueva Xcala.

Asimismo, sostuvo que le despojaron de una notificación de la Profepa, de fecha 23 de marzo de 2020, referente a la atención a su denuncia presentada en 2019 y remitida a la delegación Tlaxcala para que realizara investigaciones.

En ese oficio, la dependencia federal le explica que la delegación registró dicha denuncia con el número de expediente PFPA/35.7/2C.28.2/0037.19, que la turnó a la subdelegación de Recursos Naturales y que los días 26 y 27 de agosto del año pasado se realizó una visita de inspección.

Precisa que derivado de ello “emplazó dentro del expediente administrativo PFPA/35.3/2C.27.5/00006-19 al representante legal de persona moral Buenos Días Energía S. de R.L. de C.V., imponiendo medidas correctivas por no cumplir con la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”.