En los primeros días del mes de agosto, se difundió en medios de comunicación que la gobernadora electa Lorena Cuellar Cisneros se integró a la Declaración Binacional contra la Trata de Personas, en dicho evento presentó una “estrategia de procuración de justicia en contra de la trata de personas”, en la cual planteó que van a garantizar la profesionalización de la Fiscalía Estatal contra la Trata de Personas para una adecuada atención a víctimas y crearán un refugio exclusivo para víctimas de trata.
En 2009 el Congreso de Tlaxcala aprobó la Ley en materia de trata de personas, han pasado 12 años y no se ha logrado su aplicación cabal, muestra de ello es que de 2011 a 2020 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala reportó la existencia de 179 víctimas de trata y la detención de 54 tratantes (originarios de los municipios de Tetlanohcan, Tlaxcala, Zacatelco, San Pablo del Monte, Tetla, Papalotla, Tenancingo, Teolocholco, Chiautempan, Xiloxoxtla, Acuamanala y Ayometla), pero en el Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala solo se emitieron 14 sentencias condenatorias firmes. Este resultado tan deficiente en la emisión de sentencias, no puede atribuirse a la falta de capacitación, pues gobierno tras gobierno lo qué más han reportado en materia de trata es la capacitación, así que la nueva gobernadora y la persona que encabece la Procuraduría en el estado deberán evitar la tentación de pensar que el problema solo es de capacitación y analizar otras posibilidades como la corrupción, la patriarcalización en la procuraduría —que ha llegado a los excesos de tener policías ministeriales que al mismo tiempo son tratantes—. Por otra parte, la ausencia hasta la fecha de un refugio especializado para víctimas de trata, impide la protección y atención para las víctimas, y disminuye la posibilidad de que ellas no se retiren de sus procesos judiciales.
La gobernadora electa señaló también que pedirá apoyo a la Guardia Nacional y el FBI. En la relación del gobierno estatal con el federal, hay que recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera hizo un acuerdo con el gobierno del estado en 2020, el reto en esta relación es eficientar el proceso de seguimiento financiero a las redes de trata, pero hasta ahora son muy pocos los casos en que se ha utilizado este mecanismo.
Dado que en Tlaxcala sigue habiendo una alta tolerancia social, particularmente masculina a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, es necesario impulsar procesos reeducativos que eliminen las raíces de este problema, en este proceso la Secretaría de Educación Pública del Estado tendrá un papel fundamental. Hasta ahora el sistema educativo poco se ha involucrado en la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, recordemos que el gobierno saliente se comprometió en el Programa Estatal contra la Trata de Personas y en las Recomendaciones ante la no Declaratoria de Alerta de Violencia de Género a “Diseñar e implementar una materia de derechos humanos, género, sexualidad y trata de personas para el nivel básico y medio superior…”, sin embargo, dicha materia nunca se creo. El reto en la educación, con la creación de una materia o sin ella, es institucionalizar y transversalizar la prevención de la violencia y trata de mujeres desde el preescolar hasta el nivel bachillerato.
Lorena Cuellar también afirmó que tiene la “voluntad de erradicar la trata de personas en Tlaxcala”, sin embargo, no se trata solo de “voluntad”, ya sus antecesores también han señalado tener “compromiso y voluntad” y al final de sus gobiernos no han mostrado resultados. Más allá de la voluntad, el gobierno tiene la obligación de actuar frente a este problema, debido a que así lo mandata la Ley estatal en materia de trata de personas y las acciones que se realicen, deben estar cimentadas en estrategias claras y con recursos (humanos y financieros) que permitan su operatividad.
*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.