A unos días de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, es preocupante el evidente aumento de las violencias que vivimos las mujeres de todas las edades, por más que se pretenda hacer uso de números y discursos para evadir la responsabilidad institucional para su erradicación, pero, sobre todo, demostrando el machismo con el que los gobiernos operan y la falta de importancia que existe sobre la vida de las mujeres.
Las luchas para erradicar las violencias contra las mujeres aún exigen un gran esfuerzo de todos los sectores, un compromiso real de los diferentes poderes y niveles de gobierno, que se vea reflejado en los presupuestos designados exclusivamente para la atención, sanción y reparación del daño, los cuales casi nunca se destinan para tal fin. Pero los esfuerzos institucionales continúan siendo insípidos, apenas unas acciones para cumplir con lo mínimo de obligaciones y, en muchas ocasiones, con gran cinismo; ninguna dedicación por atender las solicitudes de atención cuando se necesita, normalizando y tolerando estas conductas violentas contra las mujeres.
Un ejemplo de esto es la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, que cada semana pueden pasar la decena de fichas de búsqueda, pero no existen políticas públicas para su prevención, mucho menos de una ruta de actuación ante las desapariciones de mujeres y niñas, éstas se han realizado desde la sociedad civil; como única acción institucional, nos hemos encontrado con publicaciones en la página de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en las cuales se invita a las familias a cuidar su relación con niñas, niños y adolescentes, responsabilizándoles de las desapariciones y tomándolas como “huidas del hogar”.
Desde el seguimiento que damos desde el Colectivo Mujer y Utopía, desafortunadamente hemos identificado las deficiencias institucionales en el seguimiento de las fichas de búsqueda, así como omisiones y prácticas que no favorecen a la información pública. Pero eso sí, desde la función pública siempre es más fácil señalar a la ciudadanía y medios de comunicación que, desde su empatía y disponibilidad, ayudan a compartir estas fichas de búsqueda (porque no hay otros mecanismos institucionales para la búsqueda); pues hace varias semanas una funcionaria pública de Segob, desde sus redes sociales sugirió a la ciudadanía a que actualicen las fichas de búsqueda cuando las personas son localizadas para no desinformar … asegurando que “casi todas han sido localizadas”, desconociendo la realidad de cuántas personas, mujeres y menores de edad permanecen desaparecidas por la falta de acciones institucionales o los delitos cometidos durante su desaparición.
Mientras las páginas de instituciones como la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y no Localizadas o la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) no actualizan esta información de forma inmediata, a pesar de los señalamientos ciudadanos de que ya fueron localizadas las personas o éstas ya se presentaron ante las autoridades, han pasado días o hasta una semana sin que se cambie el estatus de la ficha. Por otro lado, hemos identificado fichas de búsqueda que se suben a la página de la CEBP una vez que fueron localizadas, muchos días después, no hubo difusión ciudadana para localizarla; sería importante que esta funcionaria haga la sugerencia de contar con mecanismos adecuados para la difusión e información ciudadana a estas instituciones, o diseñen mecanismos de colaboración con los medios de comunicación para la difusión de las fichas de búsqueda y la localización con vida de las personas. Así como tampoco se inician protocolos de búsqueda inmediata como Alerta Amber y Protocolo Alba, abonando a la vulneración de su seguridad.
Es necesaria también la contribución institucional para modificar las ideas machistas y misóginas alrededor de las desapariciones, pues el mismo personal continúa realizando preguntas que estigmatizan a las mujeres, responsabilizándolas de los riesgos que pueden enfrentar. Es urgente dimensionar la problemática de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en el estado, debido a su relación con otras formas de violencia, violencia feminicida, que se han normalizado y minimizado, pues las sanciones no alcanzan ni siquiera el 10 por ciento del total de los delitos cometidos, ya que no se abren las carpetas de investigación por otros delitos una vez que son localizadas y que pudieron haber sido víctimas de estas violencias.
El 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, una iniciativa impulsada en la Cumbre Mundial de la Mujer en el año 2000, visibilizando la urgencia de contar con políticas públicas para la prevención de estos delitos contra niñas, niños y adolescentes. En Tlaxcala, la desaparición de mujeres, sobre todo de menores de edad, ha estado relacionada con delitos sexuales, por lo que no podemos continuar con una mirada seccional de las violencias contra las mujeres, mucho menos, dificultar los procedimientos para dar continuidad a las carpetas de investigación iniciadas por desaparición y cerradas totalmente una vez localizadas las mujeres, esto es parte de la revictimización que enfrentan la mayoría de las mujeres.
Pero también se conmemora el Día del Hombre, que más allá de las felicitaciones sin sentido, debería ser un día que los invite a cuestionar las violencias que ejercen contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, ya que son los principales responsables de estos delitos y viven en la impunidad. Sin embargo, no vemos acciones dirigidas al cambio de conductas y prácticas machistas, misóginas y violentas; no los vemos organizándose para impactar de manera positiva y contundente en un cambio estructural y de fondo.
Efectivamente, un gran número de mujeres, niñas y adolescentes que tienen una ficha de búsqueda son localizadas, sin embargo, reducir la problemática al estatus de LOCALIZADA en los medios y en la ciudadanía, es minimizar los delitos de los que son víctimas y las condiciones sociales e institucionales que enfrentan; además de responsabilizar a la ciudadanía, cuando a pesar de existir una Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2018 por la desaparición de la niña Karla Romero Tezmol, sobre su obligación de contar con mecanismos adecuados para informar el contexto real de desaparición, es otro gobierno que no quiere cumplir con estas recomendaciones, agravando la situación de desapariciones y los riesgos feminicidas alrededor de éstas.
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