En estos tiempos electorales se muestra con claridad, desde hace muchos años en todo el país y en Tlaxcala muy claramente, el choque entre dos modelos civilizatorios.
Uno, el que hoy es hegemónico, basado en la competencia y en mecanismos presuntamente democráticos de elección que, de acuerdo con lo que se exponía ya en la introducción de la Revista Iberoamericana de Educación en 2006, “degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural, y desconoce al Otro (…), mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentables, que se han vuelto hegemónicos en el proceso de la globalización.” Bajo el discurso del desarrollo o conceptos semejantes, “promueve la falacia de un crecimiento económico sostenible sobre la naturaleza limitada del planeta.” Y en Tlaxcala, en esa visión individualista que desconoce y niega al otro y a la otra, se insiste en imponer el crecimiento económico a través de políticas y propuestas de ley también por encima de la salud y la vida de las personas, y de la organización propia de las comunidades.
El otro modelo, que sí es sustentable, es el que no compite y que se sostiene en la organización real y cotidiana de pueblos y comunidades, en Tlaxcala y en todo México. Parafraseando la revista, aunque presenta la sustentabilidad como si fuera novedad, en este modelo pueblos y comunidades conocen y reconocen los límites y las posibilidades de la naturaleza y toda su complejidad local y regional, porque conviven realmente con el territorio y porque las personas cooperan entre sí en su vida cotidiana para resolver sus problemas y salir adelante. Se vive en nuestro estado una alianza cultura–naturaleza con una ética de corresponsabilidad que mantiene la identidad y el sentido de la existencia aquí y ahora.
“La competencia es la ley de la selva, pero la cooperación es la ley de la civilización.” Es una frase que se atribuye a Piotr Kropotkin, anarquista ruso de finales del siglo XIX, que dirigió su trabajo y su reflexión hacia “una sociedad que se dirija exclusivamente por el principio de la ayuda mutua y la cooperación.” En Tlaxcala esto se muestra claramente en la vida comunitaria cuando, además de apoyarse en los momentos límite como funerales y en fiestas familiares y de barrio, se organizan para regirse por usos y costumbres, sea como sistema formalizado o no, o cuando se organizan también para ejercer su derecho de administrar los bienes comunitarios y del territorio. Es esa organización comunitaria que industrias, inmobiliarias, gobernantes, legisladoras y legisladores y sus partidos se esfuerzan por desconocer, negar y hasta destruir.
Un ejemplo de esa forma de organización se expresa claramente en los Comités del Agua que son muy importantes en todas las comunidades del estado porque, además de ser totalmente honorarios, se establecen por elección comunitaria. Es decir, la comunidad es quien busca e invita a la gente que considera que cumplirá eficaz y eficientemente con las funciones que se le encargan, y convocará a los trabajos comunitarios que se requieran para que todas y todos en la comunidad puedan contar con el servicio de agua potable de manera adecuada.
Así, a través de estos Comités se refuerza la participación y la solidaridad comunitaria; se facilita el ejercicio de nuestro derecho humano a una distribución justa y equitativa del agua, y se toman en cuenta las necesidades de todas y todos los habitantes y en particular, por efecto de la solidaridad comunitaria cotidiana, de las familias más pobres en el territorio.
Al mismo tiempo, los Comités Comunitarios del Agua son hoy estructuras, instrumentos organizativos con los que los pueblos han resistido los embates gubernamentales, legislativos, urbanizadores e industriales que buscan arrancarles su derecho a decidir sobre la administración de su agua y privatizarla para hacer negocio con ella.
Los Comités Comunitarios del Agua, en todo México y en Tlaxcala, muy claramente facilitan y refuerzan la participación ciudadana, mantienen la equidad en el acceso al agua, consolidan la resistencia y la organización comunitaria; en suma, con ellos se garantiza eficazmente el ejercicio de nuestro derecho humano al agua.
Si las comunidades permitimos que esto se rompa, si el agua se privatiza, estaremos permitiendo que se imponga la ley de la selva y se rompa todavía más nuestro tejido comunitario.