El especialista Rodrigo Gutiérrez Rivas aseveró que a través de la iniciativa de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, en el estado “están planchando el terreno” para que empresas particulares comiencen a dialogar con los municipios, a fin de privatizar el servicio de agua potable.
Este académico integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reiteró que esta propuesta presentada por la diputada local Marcela González Castillo, es inconstitucional e inconvencional.
En el foro “Los retos para garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento en Tlaxcala”, convocado por el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Ibero Puebla y otros, refirió que se ha realizado un análisis técnico de esta iniciativa, entre investigadores y esta organización civil, con respaldo del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Antes, expuso que de los aproximadamente 298 mil usuarios que tienen una concesión de uso de agua en el país, cerca de tres mil 304, “que significan 966 empresas y mil 537 personas físicas, acaparan 22 por ciento” de las autorizaciones.
Ello -enfatizó- significa que 1.1 por ciento de la totalidad de usuarios aprovechan más de una quinta parte de este bien común. “Ese es el nivel de desigualdad en la distribución”.
Resaltó que a pesar de los “increíbles esfuerzos” por parte de pueblos y personas organizadas, así como de la academia, para modificar el marco legal “que le da la espalda a la población mexicana, hay grandes intereses económicos que bloquean esa posibilidad, hay una hidrocracia elitista minoritaria, pero muy poderosa económicamente”.
Por tanto, “llevamos 10 años en omisión legislativa de carácter absoluto”, pues la Constitución federal establece en el artículo 4 el derecho humano al agua, pero el Congreso tenía un plazo de 360 días para generar la nueva Ley General de Aguas, sin embargo ha habido un obstáculo “radical de esta hidrocacia elitista”, destacó.
Agregó que en este contexto se impulsan leyes locales en el país, como la iniciativa de Tlaxcala, “que buscan controlar los bienes hídricos” al permitir la participación de actores privados, con la exclusión de la población.
Alertó que la propuesta del Congreso local prevé la obligación de que organismos municipales sean sustentables económicamente, aun sin presupuesto, “lo cual es la puerta grande para que las empresas particulares vengan a salvarlos”.
Asimismo -añadió-, establece de manera explícita que los servicios de agua a cargo de las autoridades de nivel estatal y municipal, “no podrán prestarse en asentamientos irregulares, o sea, las personas que no tengan propiedad privada no tendrán derecho humano al agua; quienes hayan quedado obligados a vivir en condiciones de vulnerabilidad o marginalidad no gozarán de esta garantía, lo que se opone rotundamente al derecho internacional”.
Además de significar una tendencia a la privatización, esta proposición legislativa criminaliza la libre manifestación, va contra los principios de transparencia, somete a los cerca de 600 comités comunitarios de agua a una intromisión arbitraria de los cabildos y establece como “medida draconiana” el corte del servicio de suministro por la falta de pago, recalcó.