Jueves, junio 17, 2021

En tiempos de Covid–19 la violencia contra las mujeres sigue sin ser prioridad para el gobierno

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Es sábado, el reloj de mi celular marca las 9:47 P.M., llega un mensaje de Gloria que me pregunta si puede llamarme; antes de que le conteste, entra la llamada. Una semana previa a la contingencia buscó apoyo en la organización porque huyó de su agresor, pero “él, todos los días quiere venir para ver a las niñas, sé que lo ocupa de pretexto para convencerme que regrese pero yo no quiero, ya no quiero verlo pero sigue viniendo…”. Gloria narra la manera en que la coacciona y amenaza, está desesperada porque en la Procuraduría del estado le negaron la orden de protección y la canalizaron a otro departamento; en Ciudad Judicial nadie la atendió, “no hay servicio hasta nuevo aviso”, y una funcionaria pública del Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa decidió que la “conciliación entre las dos partes era la solución al problema” después de hacerla esperar ocho horas. Al terminar la llamada, recordé que Angélica Zárate Flores, directora del Instituto Estatal de la Mujer, descartó un aumento en los casos de violencia hacia las mujeres después de que el gobierno federal decretó el confinamiento como una medida de prevención contra la pandemia. Pensé en las mujeres que acompañamos como organización y en los casos que no conozco pero se reflejan en la estadística y a las víctimas que tienen nombre.

De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año 2019 cerró con un incremento de llamadas de emergencia al 911 por violencia hacia las mujeres, de las cuales el mayor número se relacionó con pedidos de auxilio por violencia doméstica. Estos datos fueron dados en un contexto de “normalidad”, pero ahora en este contexto de pandemia, donde las mujeres se ven obligadas a estar encerradas con sus agresores, es imperante vigilar las cifras que se irán registrando al 911 a causa de la violencia doméstica.

Aunque Gloria y sus hijas ya no comparten vivienda con el maltratador y está decidida a iniciar un proceso legal, su camino apenas empieza. En tiempos de pandemia no es así con otras mujeres, el resultado será dramático porque la contingencia las alejará de sus redes de apoyo, desde las vecinas hasta sus familiares y/o amigas que las acompañan en sus procesos; en otros casos los trámites legales se han detenido e interrumpido las terapias psicológicas que son el apoyo fundamental para el cambio, la recuperación y la toma de decisiones. Regresan obligadas al ciclo que las atrapa en una espiral de violencia que muchas veces llega a producir múltiples síndromes en las mujeres que de manera silenciosa, las habita. Antes de la pandemia, existía la posibilidad de que ellas o sus agresores salieran del domicilio por largas horas, tiempo que les representaba tranquilidad parcial a ellas, a sus hijas e hijos. Ahora bien, cada fase del ciclo de la violencia tiene sus particularidades dependiendo del caso, pero con este confinamiento obligatorio se  suman otros factores (la frustración por la crisis económica, la pérdida de empleo, miedo al contagio, etc.,) que pueden detonar la violencia de manera más aguda y constante, o que el ciclo de violencia sea más corto.

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Por la pandemia disminuyó el personal encargado de administrar justicia, pero quienes están no han tenido sensibilidad en su actuar, ni siquiera hacen lo que les corresponde según las normas plasmada en leyes y convenios estatales, nacionales e internacionales que reflejan alternativas de atención pronta y expedita para resolverlos, para que no sigan obstaculizando el acceso a la justicia de mujeres, sus hijas e hijos.

Estos servidores públicos han referido a mujeres amenazadas por sus agresores al Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa, donde les dan como única opción “conciliar”, a pesar de que la fracción VIII del artículo 64 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que las unidades especializadas para la atención de mujeres víctimas de delitos sexuales, violentos y de violencia familiar, atendiendo al tipo de victimización, no realizan mediación y conciliación. Esta mala práctica pone en mayor riesgo a las mujeres, a sus hijas e hijos, incluso a la familia cercana de la víctima. Se les olvida que la conciliación no es un arreglo por los muebles, se trata de la vida de una mujer que tiene miedo y que tomó fuerzas de su necesidad de sobrevivir para solicitar ayuda y, como lo menciona Gloria, “no ser una asesinada más”. La mala práctica de estos funcionarios no es el único impedimento para acceder a la justicia, en ocasiones se convierten en otro tipo de agresores que se suman a la violencia experimentada por las mujeres. Gloria refiere que “una de las personas que me atendió me acosó, me quiso dar un beso y me decía mi amor”, reflejo de la violencia institucional. Las organizaciones civiles creemos que el acceso a la justicia es posible, no podemos cegarnos a las buenas prácticas de algunos servidores públicos. ¿Qué hace falta para que en Tlaxcala asuman sus responsabilidades? ¿Que haya un aumento de feminicidios para que verdaderamente tomen cartas en el asunto? ¿Que existan castigos ejemplares a esos funcionarios que no están cumpliendo con sus responsabilidades?, ¿Que funcionarios y funcionarias públicos sean exhibidos y exhibidas?

La cuarentena por el Covid–19 hace que la situación de violencia hacia las mujeres se complejice y resulte más preocupante, evidencia a todas luces que están en una posición total de desprotección, que las vulnera, agrava y perpetúa las violencias vividas por sus parejas y por el Estado. También evidencia que las Organizaciones de la Sociedad Civil son importantes para atender esta problemática porque el Estado no se da abasto para atender la creciente situación de violencia. Hace dos semanas, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, alertó que en las últimas semanas hubo un aumento de las presiones económicas, sociales y del miedo que se reflejó en un estremecedor repunte global de la violencia doméstica, pidió a los gobiernos que aunque soberanos, den prioridad a la prevención y reparación a las víctimas de la violencia doméstica durante la contingencia, suponiendo que se tendrá que invertir en las organizaciones de la sociedad civil, asegurándose que los sistemas judiciales procesen a los maltratadores y las mujeres puedan acceder al acompañamiento interdisciplinario, entre otras cosas. La realidad es otra en el país y el estado: las organizaciones de la sociedad civil trabajamos contra corriente por el recorte presupuestal. Pese a las adversidades no dejamos de creer que la justicia tiene que hacerse costumbre y no solo en estos tiempos; seguiremos trabajando para que sea una realidad, para que les enseñemos a las y los más pequeños que la violencia en sus diferentes formas y ámbitos no es normal, que un sistema de justicia efectivo sí es posible.

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