Tras evidenciar que los 60 ayuntamientos de la entidad están en omisión ya que no han expedido o reformados sus reglamentos de tránsito, la diputada panista Miriam Martínez Sánchez propuso la emisión de un exhorto a las autoridades municipales para que garanticen el derecho a la movilidad optima de los motociclistas de la entidad.
En la sesión ordinaria de este jueves, la panista calificó como inadmisible que los 60 ayuntamientos del estado no hayan cumplido con su obligación legal de armonizar sus reglamentos de tránsito conforme a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala, publicada el 4 de abril de 2024.
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Por ello, presentó una iniciativa con proyecto de acuerdo para exhortar a los gobiernos municipales a que armonicen, sin más demora, su normatividad local con base en la nueva legislación estatal, con lo cual busca garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano a la movilidad, especialmente de quienes utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte.
“En el año 2022, en el estado de Tlaxcala, de acuerdo con cifras del INEGI, ocurrieron 2 mil 347 accidentes de tránsito en los que se vieron involucradas motocicletas y sus ocupantes. De esos hechos, hubo decenas de pérdidas humanas; hogares que se han quedado sin el padre o la madre; familias que han perdido al hijo o al hermano a causa de ese tipo de accidentes; también, muchas personas que se trasladaban en esos medios de transporte, sufrieron lesiones irreversibles con daños físicos permanentes, lo que nos demuestra que esta realidad debe ser vista desde una óptica diferente, como puede ser desde la salud pública y que nos exige la atención inmediata desde los poderes del estado y desde luego, las autoridades municipales”.
De acuerdo con la iniciativa, el artículo tercero transitorio de la Ley de Movilidad estableció un plazo de 180 días naturales, que venció en el mes de octubre pasado, para que los municipios adecuaran sus ordenamientos en la materia. No obstante, la revisión hecha por la legisladora revela que ninguno de los municipios ha realizado esta armonización de forma integral, pese a que cinco de ellos han emitido reglamentos que, en los hechos, aún se rigen bajo lógicas obsoletas de tránsito y transporte.
Municipios como San Pablo del Monte, Ixtenco, Teolocholco, Tlaxcala y Tepetitla han publicado nuevos reglamentos, pero ninguno de ellos hace referencia expresa a los principios de accesibilidad, sostenibilidad, calidad e inclusión establecidos en la ley estatal. Tampoco reconocen el derecho humano a la movilidad ni adoptan un enfoque de “sistemas seguros” que, conforme a los estándares nacionales, es hoy el eje rector de la política pública en la materia.
La iniciativa de Martínez Sánchez pone énfasis en la situación de las personas motociclistas, un sector históricamente ignorado en la construcción de políticas públicas. Acompañada por integrantes del Consejo Estatal de Motociclistas, con quienes ha sostenido mesas de trabajo, la diputada subrayó que el motociclismo no es solo una afición, sino un vehículo de inclusión, trabajo, acceso a servicios y movilidad efectiva, especialmente en zonas rurales o marginadas.
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“La motocicleta representa el único medio real para llegar a su empleo, atender una emergencia médica o simplemente ejercer su derecho a desplazarse. Pero esta movilidad no puede ejercerse en condiciones de riesgo o incertidumbre”, por lo que urge contar con normativas claras, actualizadas y centradas en la prevención de riesgos.
La diputada argumentó que la falta de armonización no solo constituye un incumplimiento legal, sino que vulnera directamente los derechos de la ciudadanía, al impedir la implementación de medidas de seguridad vial, regulación del tránsito en motocicleta, gestión de velocidades y mecanismos de participación ciudadana, todos contemplados en la Ley de Movilidad estatal.
Además, la iniciativa no se limita al exhorto formal, sino que plantea la necesidad de revisar los reglamentos existentes, adecuarlos a la nueva normativa estatal e incluir de manera explícita los principios rectores del derecho a la movilidad consagrados tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales.
