A unos días del inicio formal de las campañas para la elección del 1 de junio, donde se habrán de elegir: nueve ministras/os de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos magistradas/os del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 personas juzgadoras de distrito, las autoridades electorales avanzan a marchas forzadas.
A diferencia de procesos electorales federales y estatales donde las etapas y la organización están establecidas en el sistema electoral donde toda elección está construida en relación al sistema de partidos políticos, en esta ocasión no hay precedente, es una elección inédita que ha requerido construir un andamiaje especial para resolver los retos técnicos, financieros y de operación para asegurar el éxito de la jornada electoral.
Al ser una elección inédita, todos los días surgen interrogantes, desde cómo serán las campañas políticas hasta qué estrategias serán las idóneas para atraer la atención de la ciudadanía ante las limitantes del financiamiento y de las posibles sanciones por realizar actos proselitistas fuera de las reglas de juego establecidas en la elección. A diferencia de procesos electorales normales, qué hacer y qué no hacer para no ser descalificados por irregularidades cometidas durante los tiempos de campaña, es una preocupación de los aspirantes a cargos del Poder Judicial, pero quizás el reto más importante es cómo lograr que los ciudadanos acudan a las urnas y emitan su voto a favor de uno u otro candidato/a, cuando la historia nos ha demostrado que hay poca cercanía entre el ciudadano de a pie y el Poder Judicial.
Esta ruptura, separación o rechazo que ha mediado la relación, es un primer elemento a considerar, reconstruirla en los escasos meses que dura la campaña no será tarea sencilla, aunque paradójicamente la reforma judicial precisamente busca reconfigurar la relación entre la impartición de justicia y los ciudadanos, a través de actores que en el supuesto de ganar la elección se deban al pueblo que los mandata y no a las élites o prácticas como el nepotismo, influyentísimo, amiguismo y compadrazgo que pudieron estar presentes en los que hoy ostentan cargos en el Poder Judicial.
De hecho, no hay certeza de cuál será el comportamiento electoral, los referentes, por ejemplo, para Tlaxcala, muestran que la entidad se ha caracterizado por ser altamente participativa tanto en elecciones federales como locales, sobre todo cuando se elige a presidenta/e de la República y gobernadora/o, rebasando con más de 60 por ciento la participación ciudadana. Pero esa elección es muy distinta a la que se celebrará este año, quizás los mejores referentes sean los plebiscitos y el referéndum, tanto para la aprobación de las obras públicas emblemáticas del inicio del sexenio de AMLO, quien realizó consultas para legitimar las acciones de gobierno y la famosa revocación de mandato a mediados del sexenio pasado. La participación de esta última fue de casi 25 por ciento, con la salvedad que el líder de la izquierda estaba en la boleta y que en Tlaxcala históricamente hubo una empatía entre el pueblo y Andrés Manuel López Obrador. Si este fuera el referente, la expectativa de participación sería que dos de cada 10 ciudadanos de la lista nominal acudirán a las urnas el próximo 1 de junio, aunque está por verse si se acercaría o rebasaría ese umbral de votación esperada.
Sobra decir que la complejidad de las boletas que se han diseñado presenta otro enemigo a vencer, pues los ciudadanos están acostumbrados a votar por los partidos o por los candidatos que representan esos institutos políticos, ya sea de manera individual, en alianzas o coaliciones. Es más fácil emitir su sufragio cuando la boleta incluye a pocos candidatos, pero en esta ocasión no será así, por lo que se estará frente a una boleta sui generis, lo que demandará que tanto las autoridades electorales como los aspirantes difundan con máxima publicidad el diseño de ésta. Los primeros cómo serán las boletas y los segundos cómo identificar a la persona y el cargo que aspiran lograr, para evitar confusiones o la anulación del voto.
Desde luego que los aspirantes deberán promover la intención de voto seguramente mostrando sus virtudes académicas, profesionales y éticas, pero no deberán minimizar el papel protagónico de las boletas en la jornada del 1 de junio.
Finalmente, con respecto a los resultados, es de esperarse que nos vayamos a dormir sin tener certeza de cómo se integrará el Poder Judicial, salvo en la elección de la SCJN que acapara la atención en todo el país, de ésta se podrá tener algún dato de empresas encuestadoras que den tendencias. En general, habrá escasa información, salvó la que arroje la plataforma del INE y se tendrá que esperar a los cómputos distritales, la declaración de la validez y entrega de constancia de mayoría para saber si se aceptarán los resultados o habrá impugnaciones, aunque es predecible que las denuncias por irregularidades serán mínimas y fácilmente desechadas, porque los candidatos no tendrán ejércitos de observadores, ni de abogados para integrar pruebas a su favor. Una elección sui generis.