Viernes, noviembre 8, 2024

El saqueo sexenal en Tlaxcala

Como si no hubiera pasado el tiempo, las nuevas administraciones han encontrado que éstas fueron vaciadas en lo material, documental y en lo financiero, no dejaron nada. Para sorpresa de los nuevos funcionarios del gobierno estatal y sobre todo municipal, las oficinas fueron recibidas totalmente saqueadas, cuentas bancarias en cero, equipo desmantelado, información borrada, hasta los lápices se llevaron.

No bastó con hacer de la entrega su año de Hidalgo, sino que en muchas áreas de gobierno se dejaron deudas con proveedores y deudas de los sueldos de los trabajadores de confianza y sindicalizados. Si bien, en primera instancia los titulares de las áreas deberían ser los primeros responsables, estas prácticas no serían posibles sin la complicidad de los de arriba, el Ejecutivo estatal y los expresidentes municipales. El saqueo sexenal demuestra que los que ya se fueron no tuvieron llenadera.

Resulta lamentable que todos los días se siga documentando que la entrega–recepción ha sido una simulación, pues en muchos casos se sigue evidenciando que lo que menos hubo fue transparencia y rendición de cuentas; por ejemplo, en varios ayuntamientos los ex presidentes municipales brillan por su ausencia, de tal forma que los nuevos no han podido iniciar su gestión y que por el contrario están intentando resolver los problemas financieros y económicos que les heredaron, entre ellos laudos pendientes, pagos a proveedores, salarios vencidos, lo que en la práctica significa que los ex funcionarios se pasaron por el arco del triunfo la Ley de Entrega–Recepción.

De hecho, mal harían los nuevos en firmar de conformidad las actas respectivas, pues estamos ante la posible comisión de delitos que van desde robo hasta desvío de recursos, posible enriquecimiento ilícito y daños al patrimonio de la entidad, mismos que debería perseguirse por oficio de ley. Pasa por el alto el atropello sería irresponsable y lejos estaría de coadyuvar al Estado de derecho, lo mínimo que se esperaría es que se abrieran averiguaciones y que de ser el caso se llegará a vincular a proceso a los saqueadores.

Para algunos recuperar el pasado no tiene sentido y debería darse carpetazo e iniciar a trabajar, pero esta manera legítima de actuación va en contra de los principios que rigen a toda democracia, lo que está en juego no es que devuelvan los vales de gasolina, los paquetes de hojas, los autos del gobierno, las computadoras o los archivos digitales, lo sustantivo es el daño que esto ocasiona al Estado de derecho y a la democracia en general.

De no hacer nada, se reafirmaría la concepción patrimonialista del servicio público y de que en pleno siglo XXI se puede seguir viviendo del presupuesto, se consolidaría la impunidad en el ejercicio del gobierno. Evidentemente la judicialización implica tiempo, mismo que es escaso en las administraciones, sin embargo, es preferible que los procesos se realicen para la des habilitación, vinculación a procesos penales y que en su momento se proceda a girar órdenes de aprensión a quienes se les demuestre el delito cometido. Es un buen momento para acabar con las prácticas del saqueo.

En ese sentido, no se trata de persecución política y aunque muchos de los exfuncionarios pretendan confundir a la opinión pública, generando la percepción de que hay consigna para ellos, tratando de pasar de culpables a víctimas, la realidad es que no es un asunto político, sino acabar con la corrupción y la impunidad en el ejercicio del gobierno.

Al respecto, el Órgano de Fiscalización Superior deberá atender con lupa lo que está ocurriendo en los ayuntamientos y en el gobierno del estado, así como en los organismos públicos descentralizados, pues de no hacerlo sería cómplice de las prácticas del saqueo. Sobra decir que la revisión de las nóminas se cuece aparte, pues al igual que el saqueo material, financiero y digital, otra forma de seguir viviendo del presupuesto es la creación de plazas de base y de confianza, el cambio de categoría y la creación de puesto en los últimos meses para blindar a los equipos corruptos de las anteriores administraciones que acaban de concluir.

Se necesita dar marchar atrás a esos abusos cometidos, así como acabar con los aviadores del gobierno, las dobles plazas, los dobles cobros y los salarios inflados para los amigos.

Como se ha podido observar y constatar, el saqueo sexenal es mayúsculo, las administraciones salientes dejaron otra vez un tiradero, pero la diferencia de ahora es que existen las condiciones para enterrar de una vez por todas el patrimonialismo, la opacidad y el enriquecimiento ilícito.

La lucha contra la corrupción deber ser frontal y sin miramientos. Es tiempo que la democracia se acompañe de transparencia y rendición de cuentas en Tlaxcala, quizás convendría el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, conducida por Santiago Nieto, porque por una parte está el robo hormiga, pero por otro el delito de cuello blanco que seguramente se operó con la complicidad de los de arriba, indagar las cuentas y el patrimonio de los salientes daría indicios sobre el tamaño del saqueo, que por lo visto en los ayuntamientos y en las oficinas del gobierno del estado fue descaradamente descomunal.

Entre tanto, un sector del panismo nacional reafirma su convicción de ultra derecha, conservador e hipócrita, tan mal les fue con Vox que el deslinde está a la orden del día. Ver para creer.

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