Al menos por ahora dos ex presidentes están en la mira de la justicia: Felipe Calderón por el caso de Genaro García Luna y Enrique Peña Nieto por el caso de Emilio Lozoya Austin; en ambos hay evidencia de supuestas prácticas de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros probables delitos, mismos que afectaron, por una parte, las arcas públicas y, por otro, propiciaron el crecimiento de la violencia por la fallida guerra contra el crimen organizado. Los casos están asociados: uno al PAN y el otro al PRI. Una vez más el amasiato del PRIAN está en el banquillo de los acusados.
La detención de Genaro García Luna en Estados Unidos y la de Emilio Lozoya en España muestra que los delitos por los que son acusados forman parte de una maquinaria sistémica para delinquir con la muy probable protección de los más altos niveles de la política, tanto del Ejecutivo en turno como de los partidos políticos que los cobijaron independientemente de que haya o no sido parte de su militancia, pues a pesar de los intentos fallidos por deslindarse, el PRI y el PAN son cómplices y presuntos culpables por construir un sistema que favoreció las mayores prácticas de corrupción en detrimento del país. En ese sentido, los juicios que están por iniciar deben abrir la cloaca para evidenciar el entramado de redes, ex funcionarios y actores privados que fueron parte de la pillería y del atraco a la nación, pues no se trata únicamente del posible daño al erario de por sí grave, sino sus efectos en la vida pública del país.
En el caso de Emilio Lozoya, la averiguación de una de sus múltiples acusaciones gira en torno a recibir recursos financieros internacionales e ilícitos de la empresa Odebrecht para contribuir a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, dichos que han sido parte de declaraciones ante la ley en otros países de ex funcionarios de la empresa brasileña, quienes aseguran haber entregado varios millones de dólares al ex director de Pemex. De hecho, si esto se logra comprobar en la Corte mexicana una vez que concluya el proceso de extradición, estaremos ante un hecho histórico que deje a la luz pública otras formas estructurales de hacer fraude electoral, pues sería el reconocimiento tácito de que el dinero recibido generó inequidad en la elección de 2012. Este hecho, además de afectar la credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) al mostrar su incapacidad, posible omisión y ceguera de sus consejeros sobre otros tipos de financiamiento político electoral que están en las campañas, cosa que fue puesta en la mesa en su momento por el ex titular de la Fepade, Santiago Nieto, pero sobre todo se llevaría al lodazal de la historia al PRI a dejar claro que el triunfo de Enrique Peña Nieto se dio por el entramado de corrupción que forma parte del sistema priista para ganar elecciones.
De hecho, por más que ahora se acuse que Emilio Lozoya no era parte del PRI, la realidad muestra que gracias a sus gestiones el otrora partidazo pudo sumar recursos para la posible compra de votos, pagar contratos a televisoras o comprar conciencias en las altas esferas del poder para que dejarán pasar los billetes verdes a la campaña presidencial, pavimentando el camino del peñismo a Los Pinos. Dicho de otro modo, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, debería más que deslindarse estar agradecido por los buenos oficios del señor Lozoya, que permitieron recuperar la presidencia en 2012 y que favoreció la formación de un grupo de gobernadores priistas cuyo arte para robar ha sido por demás comprobado: Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, entre muchos más. Gracias al presunto culpable, el PRI siguió robando, paradojas de la vida. Hoy lo desconocen.
De hecho, la campaña “Échale la culpa al PRI” y su coincidencia con el aseguramiento de Emilio Lozoya, resultó un fiasco, las redes sociales, los medios hicieron mofa de su pretensión de hacer creer a los mexicanos que gracias al PRI vivimos la abundancia, el spot que curiosamente no está disponible en la página oficial del otrora partidazo, pasó a ser la confirmación de que los del PRIAN son culpables. ¿Usted votaría por alguno de ellos?
Mientras las trapacerías del PRI continúan, “la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución partidista vinculada con las designaciones que hizo el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI de sus delegados estatales y le ordenó volver a realizar la elección, debido a que incumplió con el mandato constitucional de paridad de género”. En otras palabras, para el tricolor, la ley y sobre todo la equidad de género, le viene haciendo lo que el viento a Juárez. Lo malo es que tendrán que reponer el proceso. Ver para creer.