Activistas, académicos, autoridades y representantes sociales coincidieron en que el proyecto del gobierno federal para el rescate de la cuenca del río Atoyac será ineficaz si no se diseñan estrategias integrales centradas en la prevención y la ciudadanía.
Las conclusiones se expusieron en el foro Retos para un Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca del Río Atoyac, celebrado en el marco del informe anual y relevo de dirección del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, al que acudió el Obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, así como autoridades municipales, colectivos y activistas, entre otros.
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En el foro, desarrollado en la capital tlaxcalteca, la doctora Gabriela Pérez Castresana, investigadora y activista, evidenció la ausencia de políticas públicas que informen adecuadamente a la población sobre los peligros de vivir en una región expuesta a compuestos tóxicos liberados por la industria.
“En toda la república se nos dice que el transporte contamina el aire, que debemos verificar nuestros autos. Pero en la cuenca no hay ninguna información sobre los riesgos a la salud por los tóxicos industriales. No sabemos qué respiramos, qué bebemos, ni qué riesgos corremos”, expresó ante un auditorio atento.
Pérez Castresana subrayó que la omisión de información impide acciones efectivas y demanda una coordinación transversal entre diversas dependencias: salud, medio ambiente, trabajo, agua, e incluso el Instituto Nacional de Cambio Climático. “Es indispensable una vigilancia continua que permita detectar enfermedades desde etapas tempranas. El Estado debe priorizar la vida, no la muerte lenta por intoxicación como ocurre; debe apostarle a la prevención no solo inversión para crear más plantas tratadoras de agua, sino que la contaminación no llegue no solo al afluente, sino a los mantos friáticos y al medio ambiente, porque el aire también se contamina”, sentenció.
Por su parte, Regina Montero Montoya, especialista en políticas ambientales, planteó cuatro retos centrales para lograr un saneamiento real: acciones con enfoque integral, uso del conocimiento generado por la academia, regulación efectiva de descargas industriales, y coordinación interinstitucional.
“El saneamiento no puede reducirse a plantas de tratamiento. La contaminación industrial no se resuelve con concreto. Se necesita una estrategia clara, con objetivos medibles, que incorpore la participación de comunidades, universidades y autoridades”, dijo Montero.
Lamentó que, pese a múltiples estudios científicos desarrollados desde 2019 con respaldo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el gobierno federal no ha incorporado estos hallazgos en sus planes.
“Hay conocimiento, hay diagnósticos, pero no hay voluntad de incluirnos en la toma de decisiones y eso evidencia que no hay inclusión ni se toma en cuenta el conocimiento que hay en torno a este tema”, enfatizó.
La especialista también criticó la debilidad normativa vigente ya que “las empresas saben que es poco probable que sean inspeccionadas o sancionadas. Así, los vertidos industriales continúan impunes. Es indispensable que las normas se endurezcan y que haya inspecciones reales”.
El foro fue clausurado con un mensaje, vía remota, de Pedro Arrojo Agudo, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, quien envió un mensaje grabado desde Europa.
“El acceso al agua potable es un derecho humano. No puede haber excusas para contaminar los ríos y envenenar a millones de personas. Esto es un crimen ambiental que debe erradicarse”, declaró con firmeza.
Arrojo Aguado advirtió que pretender tratar vertidos industriales tóxicos en plantas municipales es contraproducente.
“Las plantas depuradoras urbanas están diseñadas para tratar residuos orgánicos. Si se introducen químicos industriales, se matan los microorganismos que depuran el agua, colapsando el sistema. No se puede mezclar ignorancia con veneno”.
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Agregó que es responsabilidad de cada industria tratar adecuadamente sus residuos, sin que ello implique pérdidas económicas inasumibles.
“Las grandes industrias pueden costear estas instalaciones. El verdadero desarrollo debe ser responsable y sostenible, aunque se reduzcan márgenes de ganancia”.
Para el relator de la ONU, la esperanza está en la movilización social y en el compromiso de la comunidad científica.
“La ciudadanía organizada, las universidades comprometidas y un gobierno que escuche pueden transformar la realidad. Como dice el refrán: hablando se entiende la gente. Y yo digo: escuchando a la gente, se construyen soluciones”, concluyó.
Durante el foro también se destacó la falta de una entidad coordinadora con capacidades reales para articular los esfuerzos de distintas instancias gubernamentales, tanto federales como estatales y municipales. La fragmentación institucional, coincidieron varios ponentes, genera duplicidades o vacíos que impiden acciones coherentes.
Más tarde, la directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, Alejandra Méndez Serrano rindió su informe de actividades en las que destacó la defensa férrea emprendida a favor del rescate del Atoyac, pues cada 150 minutos, muere una persona por la contaminación que existe en torno a ese afluente.
Además, en este cónclave, se llevó a cabo el cambio de dirección del Centro Fray Julián Garcés, pues Alejandra Méndez entregó la estafeta a la nueva titular Marisol Flores García, quien asumió trabajar en la defensa de los ideales que enarbola este asociación y fortalecer su cercanía con la sociedad.
