La violencia contra las mujeres, en su expresión de trata con fines de explotación sexual y feminicidio, ha aumentado en los últimos tiempos, dejando considerables daños en las mujeres y sus familias.
Marcela Lagarde menciona que el feminicidio hace referencia a los asesinatos misóginos de mujeres realizados por hombres motivados por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres. Estas conductas son formas de violencia que los hombres ejercemos en las relaciones comunes que establecemos con las mujeres, en la trata con fines de explotación sexual, estas formas de violencia se ejercen con mayor intensidad, porque se tiene en el pensamiento que las mujeres son objetos de compra y de uso.
Hay mujeres que en su vida pasan lo que Liz Kelly llama un “continuum de violencia” donde la norma y la constante es la violencia en su contra, siempre y en todo lugar.
La trata con fines de explotación sexual y el feminicidio son el resultado de este “continuum de violencia” contra las mujeres, en donde la omisión del Estado tiene mucho que ver al no intervenir de forma efectiva, responsable y con procedimientos claros, aun cuando así se lo mandate la ley. La violencia institucional opera como un elemento activo cuando el proceder de quien está frente a las instituciones de justicia se vuelve un obstáculo para las mujeres que buscan justicia. Esta continuidad de violencia está presente en distintos ámbitos, desde las comunidades donde son señaladas como la prostituta y por tanto como mujeres con menor valor, como en los lugares de explotación donde son golpeadas, violadas e insultadas, por parte de quienes demandan su cuerpo.
Desarticular la violencia implica el involucramiento de varios actores, por un lado que la sociedad deje de señalar, justificar y coludirse con la violencia que practican los hombres; por otra parte, que los hombres busquemos espacios de reeducación donde eliminemos las violencias que ejercemos y transitemos hacia el buen trato y el respeto. Se requiere también que el Estado, junto con sus instituciones, implemente políticas públicas que favorezcan la construcción de masculinidades no violentas.
El pasado domingo tuvimos elecciones, la ciudadanía salió a votar y en su mayoría ya se sabe quiénes serán las autoridades responsables de conducir el gobierno en sus diferentes niveles. Durante el proceso electoral, diferentes organizaciones civiles y grupos de ciudadanos entregamos agendas con propuestas y exigencias ante diversas problemáticas existentes en Tlaxcala. El Centro Fray Julián Garcés, en coordinación con la Pastoral Social, la Coordinadora por un Atoyac Con Vida y las Organizaciones de la Iniciativa Popular, entregó la “Agenda ciudadana ante la crisis socioambiental y la grave situación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”, ahora es importante exigirles que en cuanto asuman sus funciones cumplan con sus responsabilidades para atender estas problemáticas, pues de lo contrario desde el nuevo gobierno en los diferentes niveles se sumarán a los actores que generan el “continuum de violencia” hacia las mujeres.
Es claro que el ejercicio de la ciudadanía no se reduce a la emisión del voto y, por el contrario, es un ejercicio permanente de exigencia para que desde el gobierno se intervenga ante los problemas que nos afectan. Por ello, la sociedad civil, como lo hemos hecho ya por varios gobiernos, continuaremos exigiendo que se actúe contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que desde el gobierno se fisure y detenga el “continuum de violencias”. El tiempo nos mostrará si quien releva al actual gobierno es capaz de enfrentar estas problemáticas o simplemente sigue manteniendo un sistema patriarcal y machista que privilegia a los hombres y violenta a las mujeres.