El Estado mexicano y sus instituciones tienen la obligación de garantizar atención médica libre de discriminación, basada en dignidad humana e inclusión, sobre todo para grupos históricamente vulnerados, aseveraron especialistas durante el conversatorio “Cultura de los derechos humanos y protección a la salud”, organizado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tlaxcala.
En el acto, Aura Minerva Moraga Alejo, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), subrayó que “los derechos humanos implican reconocer que todas las personas nacemos con dignidad, sin importar nuestras diferencias. Eso nos obliga a garantizar derechos, como la salud, en igualdad de condiciones”.
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Moraga explicó que aún operan modelos de atención médica sustentados en el “biologicismo” y el “normocentrismo”, que ven la diferencia como defecto. “Pensemos en las personas con discapacidad. Si se parte de una idea de lo normal, automáticamente se excluye a quienes no encajan. Eso perpetúa prácticas médicas discriminatorias que violan derechos humanos”, advirtió.
La representante de la CNDH compartió casos documentados de malas prácticas médicas. “Recibimos una recomendación sobre un médico que tocaba a mujeres embarazadas desde los dos meses de gestación. El resultado fue que muchas dejaron de acudir a revisiones prenatales, con consecuencias graves para su salud”, dijo.
Además, enfatizó que el personal de salud tiene obligaciones legales. “No se trata solo de buenas intenciones. Cuando se violan derechos humanos hay consecuencias penales, administrativas y sociales”, afirmó.
En su intervención, Edmundo Pérez García, jefe jurídico de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAM) de Tlaxcala, puntualizó que la relación entre salud y derechos humanos ocurre “cada día, en cada consulta, en cada interacción entre paciente y personal médico”.
“Desde el policía que recibe a la persona hasta el médico que da el diagnóstico, todos son parte de una cadena de atención que debe respetar derechos humanos. El paciente no solo llega con síntomas, llega con emociones, con miedo, con esperanza. Y del otro lado debe encontrar una institución sensible y capacitada”, dijo Pérez.
Moraga retomó la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que los servicios de salud deben cumplir con cuatro criterios: accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad. “Y esto aplica para todas las personas, no para las que se ajusten a un perfil idealizado”, indicó.
Añadió que México es un país multicultural e interseccional, donde influyen no solo el género, sino la edad, la lengua, la condición socioeconómica y otros factores. “¿Qué pasa cuando llega una adolescente pidiendo condones? ¿Se le atiende o se le juzga? Los prejuicios siguen teniendo efectos reales”, cuestionó.
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Moraga concluyó su participación con un llamado a “revisar constantemente nuestras prácticas para no perpetuar estructuras que excluyen”. Añadió que “el derecho a la salud es un derecho clave, porque protege la vida misma. Pero eso exige empatía, formación y conciencia”.
Por su parte, Pérez remarcó que “los derechos humanos no son un discurso lejano, están en la consulta, en la urgencia, en el trato diario. Y ambos lados, personal médico y usuarios, deben construir una relación con respeto y humanidad”.
El conversatorio concluyó con una invitación a servidores públicos y trabajadores de la salud a asumir su papel como garantes de derechos y no como simples prestadores de servicios. Como dijo Moraga: “El sistema debe cambiar. Pero el cambio comienza con quienes lo integran”.
