Domingo, agosto 7, 2022
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El dilema del Sindicato 7 de Mayo

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El Sindicato 7 de Mayo está obligado a realizar elecciones para elegir nuevo Comité Ejecutivo, habrá cambio de líder gremial en razón de las resoluciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que desconocen al anterior representante de los trabajadores, negándole la toma de nota. Tendrá que ser una elección con voto directo y secreto. Deberá haber urnas cerradas y el conteo de votos deberá ser a todas luces transparente. Luego de un primer intento fallido, nuevamente se ha lanzado de forma exprés la convocatoria para que el miércoles 25 de mayo se lleve a cabo la jornada electoral. Si se registran dos o más planillas, la base trabajadora deberá resolver un dilema, votar por la continuidad o votar por un cambio de las élites que puede ser el retorno de la vieja familia sindical, unos y otros no garantizan que haya democracia en el sindicato, la continuidad significará mantener una relación hostil y conflictiva con el gobierno y el otro implicará establecer una relación cercana con el gobierno lorenista con todas las implicaciones que esto conlleva. Ese el dilema.

Pero independientemente del número de planillas que se presenten, de la legalidad del proceso y del resultado que se logre, el Sindicato 7 de Mayo y sus líderes deberán dar explicaciones a la base trabajadora sobre la creación sin límite de nuevas plazas, de la asignación discrecional de niveles a esas nuevas plazas vulnerando a la base trabajadora cuya trayectoria debería habérsele reconocido por estatuto. Ejemplos como lo ocurrido en el Congreso local, en el Poder Ejecutivo y en el Judicial dan cuentan de la discrecionalidad del Sindicato y la complicidad del gobierno anterior, representado por Marco Mena, pues es de conocimiento público que durante el último tramo de la administración menista se crearon y repartieron plazas a diestra y siniestra para favorecer a los amigos del exgobernador, de funcionarios de primer nivel, legisladores y a aquellos que pudieron comprar las plazas. Aunado a ello se deberá explicar cómo los pensionados y jubilados recuperaron derechos sindicales, aunque ya no estén en activo, ampliando el padrón de sindicalizados y con ello inflando el número de votantes en las diferentes asambleas. Dicha práctica que se parece a aquellos tiempos no tan lejanos donde en las elecciones hasta los muertos salían a votar y desde luego cómo esta inclusión repentina tenía dedicatoria para salvaguardar al líder caído, ¿un jubilado podría ser secretario general? De hecho, las interrogantes que merodean a la base trabajadora es si las nuevas plazas, los cambios de escalafón, las recategorizaciones y la venta de plazas firmadas por el anterior líder serán canceladas por haberse otorgado en la ilegalidad resuelta por los tribunales. ¿Hay validez y legalidad? ¿Se podrán echar abajo esas plazas, recategorizaciones y demás?

Desde luego que el problema en la asignación de plazas y la discrecionalidad sólo es la punta del iceberg, pues en el fondo lo acontecido en los días previos hace suponer que hay un conflicto político aderezado por el cúmulo de irregularidades. De hecho, la tensión actual tiene su origen en la relación histórica entre el Poder Ejecutivo y el sindicato, pues éstos , al igual que los partidos, han construido sus emporios por lo regular cobijados por el poder en turno, siguiendo la tradición charrista, las instituciones sindicales crecieron bajo el manto protector en su momento del PRI y en épocas de alternancia con los partidos que ganan elecciones. A diferencia del pasado autoritario, los sindicatos hoy en día han tenido que adaptarse a los procesos de cambio, sin que ello signifique que se democraticen en su vida interna, así se han decantado por aquellos partidos y candidatos que les ofrezcan mejores prebendas, en ocasiones la decisión de apoyar a uno y no a otro les ha resultado, ocurrió en los últimos años en el Sindicato 7 de Mayo; sin embargo, en la última elección para gobernador, el sindicato, que no necesariamente toda la base trabajadora, se decantó por Anabell Ávalos y la alianza electoral que la respaldó, el sindicato y en particular el Comité Ejecutivo no midió el contexto político y lejos de mantenerse al margen, apoyó a la candidata perdedora. La decisión rompió las relaciones entre ese gremio y el lorenismo, cuyas consecuencias se están viviendo en los centros del trabajo que, entre otras cosas, ha generado un clima laborar poco favorable para los trabajadores de base, independientemente que esto no hayan apoyado al partido tricolor. Esta condición implica que el comité desconocido y la planilla que ahora los representará si logra el triunfo, ganará una batalla al interior, pero perderá toda capacidad de negociación con el lorenismo y, por ende, el conflicto seguirá latente en los próximos años, afectando directamente a la base trabajadora.

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Pero el dilema crece, porque puede haber dos opciones del grupo de poder que quiere recuperar el sindicato, la primera es que no se presente a las urnas e intente con la ley echar abajo la elección, con la idea de asfixiar al sindicato restándole credibilidad, recursos y capacidad de negociación o la segunda que se presente y gane, de ocurrir esto último, recuperará el sindicato, acabará con la tensión con el Ejecutivo, pero seguirá sin lograr la democracia interna y la autonomía sindical que reclaman los tiempos actuales. ¿Cuál será la respuesta de los sindicalizados ante este choque de charros?

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