Domingo, abril 18, 2021

El Día Mundial de la Justicia Social… ¿En dónde se puede celebrar?

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Hace cinco días, de acuerdo con el calendario de festejos y conmemoraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en todo el mundo debimos haber celebrado el Día de la Justicia Social. ¿Y eso qué quiere decir?

De acuerdo con la proclamación de la ONU, se trata de promover “el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de las personas en una sociedad”, enfatizando no sólo la no afectación a los derechos, sino la necesidad de ser proactivos en promover “la repartición justa y equitativa (al menos) de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad como, por ejemplo, el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los Derechos Humanos.” Sin embargo, a casi 14 años de que se afirmó que “el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales…” y de invitar a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones que verdaderamente se encaminen “a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todas las personas…”, parece ser que estamos muy lejos de que esto se dé.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 60 por ciento de las y los trabajadores en el mundo carecen de algún tipo de contrato de trabajo; menos del 45 por ciento de las y los trabajadores asalariados tienen empleo permanente y de tiempo completo, y en 2019 más de 212 millones de personas en edad de trabajar estaban desempleadas. Además, esta organización calcula que de aquí a 2030 habría que crear al menos 600 millones de empleos nuevos para mantener el ritmo de la población en edad de trabajar.

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Muy seguramente habrá países y regiones en los que estas condiciones sean más o menos severas que en otras, pero en todo el mundo la situación se agrava cada vez más.

Y en nuestro estado de Tlaxcala, aunque se afirme que estamos en varios aspectos mejor que la media nacional (“mal de muchos, consuelo de tontos…”, dice el refrán popular), hay datos oficiales que nos hacen ver que tampoco estamos ni cerca de la erradicación de la pobreza, de la promoción del empleo pleno y el trabajo decente, de la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar y la justicia social para todas las personas.

De acuerdo con datos del Coneval y del Inegi, en Tlaxcala el 56 por ciento de la población percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, es decir que a 750 mil personas aproximadamente no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas; el 15 por ciento de la población tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, que más o menos a 200 mil personas no les alcanza para comer de acuerdo con lo establecido como canasta básica. Además, en la región comprendida por la Cuenca del Alto Atoyac, donde habitamos el 70 por ciento de la población del estado, el 65 por ciento de los empleos son informales; el 72 por ciento gana menos de 5 mil pesos al mes; la industria manufacturera ofrece sólo el 20 por ciento de los empleos, de los cuales la mitad son informales, y en términos de igualdad entre los sexos, los hombres ganan, en promedio, 38 por ciento más que las mujeres.

Organismos multilaterales, como la OIT a nivel mundial y la CEPAL en el ámbito latinoamericano, han hecho notar ya en varias ocasiones las consecuencias terribles para la población en general de que los gobiernos del mundo, y sobre todo los de Latinoamérica, se mantengan bajo el dictado de las empresas trasnacionales y en el error de considerar que la globalización y el crecimiento económico son las vías para lograr el desarrollo sostenible, con bienestar y justicia social. Con datos duros han demostrado que esto no es así. Pero, algunos gobiernos, como el de Tlaxcala, simplemente prefieren no hacer caso.

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