El valor del agua se ha venido desvirtuando desde hace varios años, se ha generado la idea de que el agua es una mercancía de la cual se puede obtener ganancias a través de su privatización.
Ante dicho contexto cabe hacer hincapié que el agua no es una mercancía, es un bien común al que tenemos derecho todas las personas, y es indispensable para la vida de todos los seres vivos que habitamos este planeta. Para que este derecho se vuelva realidad se requiere que el Estado asuma plenamente su papel de garante de este derecho, así como de velar por su cumplimiento y de generar las condiciones para que la población lo pueda ejercer.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce al agua como un derecho humano, en su artículo cuarto, donde se determina que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
También, en la Observación General número 15, creada en 2002 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, encontramos el sustento del derecho humano al agua y la manera en que debemos tenerla, ahí se establece que todas las personas deberán tener acceso al agua en calidad adecuada, cantidad suficiente, físicamente y económicamente accesible para uso personal y doméstico.
Ambos instrumentos dan cuenta de que el agua es un derecho humano y la vivencia de éste favorece tener una vida digna, sin embargo, este derecho, como muchos otros, ha sido vulnerado.
En Tlaxcala, cada día es más complicado acceder al agua potable, en muchas comunidades el servicio de agua es intermitente o escaso, esto ha generado inconformidades en las comunidades, ejemplos de ello son las manifestaciones que en días pasados realizaron pobladores de la comunidad de San Sebastián Atlahapa, quienes realizaron el bloqueo de carreteras, exigiendo que se les diera agua; asimismo, en el mes de julio habitantes de Santa María Acuitlapilco alzaron la voz ante las autoridades denunciando que llevaban varios meses sin agua y en mayo de 2023 pobladores de Calpulalpan también se manifestaron, su demanda consistía en pedir agua para los hogares.
Estos casos fueron visibilizados a través de los medios de comunicación, pero resulta que no han sido los únicos, en diálogos con personas de las comunidades de Tepeyanco, Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco y San Pablo del Monte mencionan que han pasado varios días sin agua, la respuesta de las autoridades es muda, se ignora a las personas o se reprime a las luchas, como el caso de Calpulalpan que fueron amedrentados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del actual gobierno, arrojándoles gases lacrimógenos, amenazando y dispersando a la población.
Es preocupante que exigir agua para el sostenimiento de nuestra de vida sea considerado un peligro, una actividad de riesgo, se le ha olvidado tanto al Estado como a las autoridades competentes que deben garantizar este derecho tan importante, que deben velar porque todas las personas y los seres vivos tengan agua suficiente, de calidad y accesible, libre de contaminantes, que es su tarea poner en primer plano a las personas y que es urgente que regulen el uso del agua de establecimientos comerciales y a las industrias que están asentadas en el territorio. El agua es un derecho, debe verse como un bien social y cultural, no como una mercancía, es urgente que se legisle en este sentido y también se reconozcan a los Comités Comunitarios del Agua como actores importantes en la garantía de este derecho humano.
