La realización del primer debate entre las candidatas y el candidato a la gubernatura de Tlaxcala, como un ejercicio democrático que permite contrastar propuestas, congruencias y coherencias, ha sido valioso porque ha evidenciado que sobre género, derechos humanos, lenguaje incluyente, prevención de violencias, acceso a la justicia, menstruación digna, refugios, por citar algunos, en general, tienen un inmenso desconocimiento y olvidan que existen obligaciones del Estado mexicano en el marco del artículo primero constitucional y de los tratados internacionales como CEDAW o Belém do Pará y qué como aspirantes a gobernar deberían manejar con destreza.
Es políticamente correcto recibir agendas femeninas, es políticamente correcto decir que se está en contra de las violencias, las desigualdades y las conductas discriminatorias trasgresoras de derechos de mujeres, pero es políticamente incorrecto e irresponsable favorecer la simulación y presentar propuestas sin sustento en un México y un Tlaxcala sumamente agresivo donde ser mujer o niña es un riesgo permanente que arrebata vidas. No es con ocurrencias que se prevendrá el feminicidio, la trata de personas, la violencia familiar, el acoso y el hostigamiento sexual, la brecha salarial y la sobre carga de trabajo de las mujeres.
La soberbia reflejada en la esterilidad de asumirse ganadoras del debate les impide a las candidatas, principalmente a las punteras, fortalecer las propuestas para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres y niñas. No, ellas no son las protagonistas en la consecución de la paridad ni son las grandes aliadas de las mujeres si no comienzan por ser autocríticas y ponerse a leer, estudiar y conocer, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la ley estatal, ponerse a revisar las recomendaciones del Comité CEDAW al Estado mexicano y las recientes propuestas legislativas aprobadas en la Cámara de Diputados referentes a menstruación digna, derecho al cuidado, creación de grupos policiales especializados en violencia de género, refugios, presupuestos públicos con perspectiva de género. Están a tiempo, si es que tienen un compromiso genuino por los derechos femeninos.