Con la aprobación del INE de las prerrogativas para el año 2020, se mantienen los altos costos de la democracia en México, pese a que en el año aprobado no habrá elecciones federales, es decir, los 5 mil 200 millones de pesos serán fundamentalmente para el pago a la burocracia partidista; en suma, aunque es legal el reparto del dinero público, deja mucho que desear que la alta burocracia del Instituto Nacional de Elecciones no se sintonice con la austeridad republicana, ya lo vimos en los sueldos de los consejeros, ahora en el reparto del dinero. ¿debemos seguir pagando costos monetarios muy altos para conservar nuestra incipiente democracia?
El tema del financiamiento no es nuevo, hay múltiples referencias sobre investigaciones a nivel nacional e internacional; sirvan los ejemplos de las publicaciones de la Dra. Tania Martínez, quien por cierto está en su segundo año de estancia posdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (Ciisder) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La raíz del debate giró en su momento en varias direcciones, se destaca que para que hubiera mayor competitividad electoral era necesario que los partidos de oposición recibieran financiamiento público, porque históricamente en buena parte del siglo pasado los partidos vivían del cobro de cuotas, de aportaciones voluntarias de empresas, fundaciones u otras fuentes –en esa época, aunque ya había prácticas de corrupción y empezaba a haber delincuencia organizada, no había, por decirlo, una participación sistemática de ésta en la política–, dejando en total desventaja electoral a los partidos de oposición con respecto al partido de Estado, el PRI, pues aunque éste no recibía financiamiento público era una práctica normalizada que desde el gobierno se desviaran recursos para sostener al partido y que esto permitiera ganar elecciones, de ahí que con las diferentes reformas políticas electorales se abrió la llave del presupuesto público para transitar de un sistema de partido hegemónico y luego dominante a uno competitivo.
En otro momento se planteó la discusión hacia la pertinencia del impacto del financiamiento público y privado, desde la posible influencia en los resultados electorales por la participación económica de grandes empresas –tal como sigue ocurriendo de forma ilegal– o bien por la ahora sí posible participación del crimen organizado, lo que se conoce como la narcopolítica. Esas discusiones dieron paso a prácticamente cerrar el presupuesto de los partidos a operar con recursos públicos, hecho que sigue vigente, sin embargo, los montos crecieron de forma exponencial, los partidos empezaron a recibir multimillonarias cantidades de dinero, tanto para la operación de la burocracia partidista como para las campañas electorales. De hecho, al menos en las dos últimas décadas el cargo al erario público fue en ascenso y aunque hubo filtros legales para el reparto, esto no evitó que se asignaran sumas extraordinarias, desde luego los partidos más beneficiados fueron los que mayores votos obtenían en las elecciones, pero todos los partidos con registro lograron tener su mesada, sobra decir que el PRI, PAN y PRD se llevaban la tajada más grande y es posible suponer que ese financiamiento tuvo que ver con las reformas político electorales que favorecieron que el andamiaje legal mantuvieran intacta las prerrogativas, pero resultó significativo que los actores sociales y político vieron en la formación y registro de nuevos institutos políticos una muy buena opción para obtener recursos públicos, casos como el PVEM y el Panal son emblemáticos, cuya evidencia ha ido mostrando que el uso de la marca les dejó sendos dividendos hasta la elección de 2018 en la que el Panal perdió su registro. Lamentablemente surgieron partidos por aquí y por allá que más que pensar en su contribución a la democracia buscaron sobre todo vivir del presupuesto.
El caso de Morena es interesante de analizar porque al fundarse recientemente no tuvo tanto financiamiento y logró en muy poco tiempo convertirse en el partido mayoritario en México, muy por encima del PRI, PAN y PRD, lo que ha puesto otra vez en el centro del debate de que sí es posible ganar elecciones sin necesariamente tener muchos recursos públicos y privados. Precisamente el ahora presidente de México ha hecho un llamado para que los partidos renuncien al 50 por ciento de los recursos aprobados por el INE, mientras que la senadora Lilly Téllez, de la bancada de Morena, está por presentar una iniciativa para modificar la ley electoral y reducir 70 por ciento las prerrogativas. Sin embargo, es muy probable que no haya un paso atrás porque de aceptarse una u otra es muy posible que varios partidos estarían condenados a desaparecer y lo que buscan ahora es ganar tiempo a su agonía ya cantada y para eso necesitan dinero público.
Sobra decir que ha llegado el tiempo de discutir el costo de la democracia en México y un primer paso es exigir que el pleno del Consejo General del INE sea el primero en poner el ejemplo, pero resulta que ni siquiera ellos están dispuestos a perder los privilegios de ser parte de la alta burocracia electoral. De hecho, una vez más será la sociedad organizada la que tenga que dar la batalla para incidir en una reforma político–electoral que reduzca el saqueo. Si es cierto que ya tenemos un régimen democrático, entonces carece de sentido seguir manteniendo a partidos que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear.