Durante la semana pasada, el gobierno federal dio mucho de qué hablar al reaccionar de forma tan negativa como respuesta a la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), emitida en el marco del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, aun cuando México es el país con mayor número de Acciones Urgentes con un total de 681 solicitudes relacionadas con personas desaparecidas desde 2012, visibilizado la grave crisis que vivimos ante el contexto de desaparición.
De manera tan absurda, casi como berrinche, el presidente del Senado acusó esta decisión del CED como “una maniobra política para desacreditar el gobierno de la presidenta Claudia”, acusando a un organismo internacional de actuar bajo “un sesgo político”; tanto así que el Senado de la República se pronunció por pedir que el presidente del CED sea destituido, bajo el argumento de que “las desapariciones en México no son responsabilidad del Estado”; evidentemente preocupa la actitud frente a un órgano previsto en un tratado internacional de derechos humanos.
No podemos olvidar que ya desde noviembre de 2021, durante la visita del CED a México, la ONU tuvo de conocimiento sobre los contextos de desapariciones a través de familiares, defensoras de derechos humanos y organizaciones que estuvimos presentes en diversas reuniones por todo el país; donde posteriormente, dentro de su informe publicado en 2022, entre sus conclusiones estableció que “las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas, con más de 127 mil personas desaparecidas registradas y más de 5 mil 600 fosas clandestinas identificadas”.
Llamó al gobierno mexicano a elaborar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, con el propósito de atender una agenda de 10 prioridades enunciadas en el documento, destacando cuatro condiciones indispensables: el reconocimiento de los criterios de responsabilidad de los servidores públicos y la erradicación de las causas estructurales de la impunidad; el abandono del enfoque de militarización de la seguridad pública; la visibilización, información y sensibilización sobre las desapariciones en México; y la debida implementación del marco normativo, jurisprudencial e institucional en el país. El presidente López Obrador no tardó en desacreditar el reporte, acusando a la ONU de no actuar con apego a la verdad; evidentemente, tomó la decisión de no atender ninguna de estas líneas, tomando una actitud completamente omisa, tolerante y permisiva, pues a la fecha no existen acciones para detener las desapariciones.
En ese mismo informe, el CED señaló como desapariciones forzadas “todas las ausencias de personas, aunque estas no sean cometidas por el Estado; las desapariciones cometidas por grupos criminales, que no son investigadas y permanecen en la impunidad, son responsabilidad del Estado”; la inexistencia de respuesta institucional, complicidad, así como la obstaculización para atender y erradicar las desapariciones, demuestran completamente esta responsabilidad.
Como han demostrado, parece ya tradición de Morena, señalar a quienes no le siguen el juego de “conservadores”, pero también negar sus obligaciones frente a los contextos de inseguridad, delincuencia y violaciones graves a derechos humanos; pues históricamente, los gobiernos han sido parte de estas violaciones, quedando en la impunidad, debido a la constante protección entre los actores institucionales; incluidas las instituciones “autónomas” como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya ha salido a la defensa de esta gobierno, negando esta crisis y declarando que “el Comité de la ONU está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país”, y que “la ONU no va a hacer nada aquí, no lo vamos a permitir”.
No sólo salieron en defensa de su gobierno, sino que en un documento de 19 páginas intenta justificar, bajo el argumento permanente de que “no han recibido quejas por participación de agentes del Estado”, lo que claramente no da cuenta del verdadero contexto, ya que constantemente estos organismos aluden a la falta de denuncia, a pesar de que existen otro elementos y medios para conocer sobre la desaparición forzada, en los términos que ya lo estableció la ONU, así como la documentación y acompañamiento desde la sociedad civil organizada y su relación con otros delitos.
Señalando de forma negativa a las organizaciones que denunciamos omisiones y obstáculos institucionales, pero asegurando que la atención institucional “es inmediata”, lo cual ya es más que sabido que es completamente falso, pues las familias tienen que atravesar por horas y días para ser atendidas y lograr obtener una respuesta mínima; pero la espera no termina, pues las investigaciones suceden de forma tan lenta, que se prolongan los días para localizar a las personas; todo el documento es un absurdo morenista que pone de manifiesto parte de la crisis de desaparición que vivimos, el juego de las instituciones que actualmente no sólo han logrado desaparecer la autonomía de espacios creados por la sociedad civil para la protección y defensa de nuestros derechos humanos, sino que ha logrado la desaparición completa de organismos autónomos, evidentemente para la protección del gobierno y garantizar que nada les estorbe para actuar con total impunidad.
Tan absurdo que este organismo exista para protección del gobierno y abandone a las víctimas y sus familias en un país donde han pasado décadas y no se tiene justicia para las personas desaparecidas, sino que además responsabilice a las familias y colectivas de búsqueda frente a la pasividad, omisión, abandono e impunidad institucional; sus agentes del Estado sólo han evidenciado la importancia y necesidad de la intervención internacional y nunca sin las familias.
*Colectivo Mujer y Utopía A.C.