Tras reconocer que usó recursos públicos sin atender las disposiciones legales contenidas en el decreto de presupuesto del año pasado, el secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal enfatizó que, para lograr la productividad pecuaria deseada en la entidad, se requiere de un presupuesto estatal de al menos 600 millones de pesos.
No obstante, reiteró que el campo tlaxcalteca enfrenta graves condiciones, pues por un lado los campesinos “se volvieron flojos a trabajar y están envejeciendo”; los jóvenes no quieren trabajar el campo y los niveles de degradación de la tierra, aunado a la “cerrazón” de los productores por no cambiar sus procesos de producción y mantener en uso de fertilizantes químicos, aspectos que impactan de manera negativa en la producción en el sector primario.
Este miércoles, el funcionario estatal se reunió con diputados locales de conformidad con el acuerdo para realizar lo que han llamado glosa del informe de gobierno, en la que de la Peña Bernal rindió detalles de las acciones emprendidas por su secretaría a lo largo del pasado ejercicio fiscal.
Ahí reconoció que las condiciones que viven las mujeres y hombres del campo no son las mejores, pues enfrentan a desafíos climáticos, condiciones económicas locales, y a variables macroeconómicas como la guerra que sostienen Rusia y Ucrania, aspectos que han afectado la productividad y los ingresos.
Dio cuenta de la mayoría de los 23 programas y subprogramas que puso en marcha su administración para atender a los campesinos, en especial, fue enfático “para los que menos tienen y en verdad producen el campo, no para sus líderes, aquí se acabó el paternalismo y vamos a combatir el coyotaje”.
Pero lamentó que, los hombres del campo “nos volvimos flojos a trabajar”, pues los adultos mayores le apuestan a recibir de la pensión que otorga el gobierno federal, además, de que los hijos de estos, también reciben sus apoyos, por los cuales, “dejan de producir, es necesario que regresen a las buenas prácticas de antaño”.
Ahí, a pregunta expresa del diputado del PVEM, Jaciel González Herrera respecto a dos de las principales quejas que existen sobre la presunta falta de apoyos a los campesinos con respecto a los seguros catastróficos y la entrega de abono orgánico de mala calidad, el funcionario reconoció que, por una determinación personal, dado el retraso en la firma y las complicaciones del seguro para desastres, determinó usar 16 millones de pesos para apoyar con mil 500 pesos a 15 mil 670 beneficiarios.
Respecto al abono de mala calidad, reconoció que “una empresa abusiva”, que ganó la licitación para suministrar el producto, incumplió con diversas disposiciones en perjuicio de los productores, situación que en su momento fue atendida.
Más tarde, el perredista Juan Manuel Cambrón le refutó al secretario de Impulso Agropecuario la determinación que hizo de usar recursos públicos, por 16 millones de pesos, que estaban destinados para la contratación de un seguro, mismos que habrían sido entregados, sin reglas de operación y sin apegarse a lo establecido en el decreto de presupuesto del año 2021, a productores afectados por sequía.
“No fue desvío de recursos, no los use para un beneficio personal, sino que fueron canalizados de otra forma, no se contrató el seguro, porque ya no funcionaría, además, las aseguradoras a veces se quedan hasta con 60 por ciento del dinero…No volverá a pasar, si este año destinaron (22 millones de pesos en el presupuesto) para un seguro, así se utilizarán. Entiendo su posición como partido”, respondió.
Antes, el legislador refutó las cifras dadas por el secretario, en materia de inversión en el Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola, pues mientras el decreto de presupuesto prevé una asignación de 111 millones de pesos, en el informe de la mandataria Lorena Cuéllar da cuenta de la aplicación de solo 95.2 millones de pesos, por lo que “las cifras no cuadran, dónde está el dinero faltante”.
“No traigo las cifras aquí, no traje toda la información, sino, serían muchas carpetas, pero me comprometo a hacerle llegar la información en un plazo de 72 horas para que usted la tenga y haya más precisión”.
El resto de los cuestionamientos fueron sobre asuntos comunes, incluso, quejas por falta de atención o bien, planteamientos generales a los que el funcionario respondió, aunque varios temas sin precisar cifras ni acciones.