El autotrén declarado recientemente inviable como “solución tecnológica de movilidad sustentable”, es el epílogo de una muerte anunciada. Desde su presentación en 2023, la población expresa un rechazo claro y contundente.
Aun así, tuvieron que pasar casi dos años y múltiples reuniones burocráticas para que las autoridades finalmente aceptaran lo que ya era evidente: el proyecto no solo era innecesario, sino inviable técnica, económica y socialmente.
El diagnóstico oficial, basado en estudios de movilidad, finanzas y opinión ciudadana, no deja espacio para dudas. La ruta propuesta, de apenas dos kilómetros, está saturada por un transporte público que ya atiende la demanda.
Los costos proyectados, que implican subsidios multimillonarios, eran un insulto a la lógica financiera, especialmente en un estado que necesita inversión en áreas prioritarias como salud y educación.
Por si fuera poco, el supuesto avance tecnológico del sistema no considera las necesidades de personas con movilidad limitada ni las características socioeconómicas de los potenciales usuarios.
Resulta alarmante que este proyecto, carente de estudios básicos como mecánica de suelos, lograra avanzar hasta este punto. Más preocupante aún es la desconexión entre los tecnócratas que lo impulsaron y la realidad cotidiana de los ciudadanos.
Las encuestas realizadas por la Coordinación General de Planeación e Inversión lo dejan claro: la mayoría no ve necesario el sistema, y mucho menos con tarifas superiores al transporte existente.
Que se hayan necesitado casi dos años para llegar a esta conclusión refleja un problema profundo de visión y prioridades. Mientras la burocracia camina a paso de tortuga, las necesidades reales de Tlaxcala siguen esperando.
Ojalá esta lección impulse a los responsables a escuchar a la ciudadanía desde el principio y evitar que futuros proyectos terminen en el archivo del fracaso anunciado.