Viernes, marzo 1, 2024

El agua es un bien común, no una mercancía: relatoras y relatores de la ONU

Con este título se publicaron, desde marzo de este año, diversas notas en las que relatores y relatoras expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmaban esto mismo, luego de reunirse para compartir las experiencias que tuvieron en diversos países antes de llegar a la Conferencia Mundial del Agua, en Nueva York, y para armar propuestas integrales para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y especialmente en el objetivo 6, que busca lograr el acceso universal al agua limpia y al saneamiento.


Con la visión clara de que todos los derechos humanos, colectivos e individuales, son indivisibles e interdependientes entre sí, las y los relatores han dado al menos un paso más al considerar que, en consecuencia, todas las políticas y programas que elaboren los gobiernos y estados parte de la ONU para acercarse al cumplimiento de los ODS deberán también armarse de manera integral, considerando en cada política y programa la relación necesaria con los que se elaboren para el cumplimiento de todos los demás objetivos.

Así, con el énfasis puesto en ese momento en la necesidad de avanzar hacia el acceso universal al agua limpia y el saneamiento, se relacionan con estos los temas de sustancias tóxicas; extrema pobreza; medio ambiente; cambio climático; violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; salud física y mental; pueblos indígenas; vivienda adecuada; libertad de reunión pacífica y de asociación; alimentación; situación de los defensores de los derechos humanos; libertad de opinión y de expresión; las minorías; discriminación contra las mujeres y las niñas. Y todas y todos los relatores coinciden en afirmar que el agua es y debe mantenerse siempre como un bien común y no una mercancía, y también en exhortar a los Estados, el de México incluido, que hacia esa consideración dirijan sus esfuerzos en todos los ámbitos, tanto las acciones directas que correspondan al Ejecutivo (federal, estatal, municipal, comunitario), como las que deba realizar el Poder Legislativo (federal y estatales) y todas las que tengan que ver con la administración de justicia al respecto.

Se requiere que México (en todos sus estados y municipios) y todos los demás países cumplan con los compromisos adquiridos (firmados y ratificados) en torno a garantizar en sus territorios los derechos humanos de los pueblos y de los individuos, y junto con esto, afirman las y los relatores, se requieren dos cosas: Una, que se construyan e implementen marcos sólidos de acceso público a la información, en los que se busque y se fomente la participación adecuadamente informada de las y los ciudadanos en todos los procesos de deliberación y toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. La otra, que se ponga fin a los enfoques tecnocrático y mercantilizador del agua, y que se abra la construcción de programas, políticas y proyectos a la integración de las ideas, los conocimientos de los pueblos campesinos e indígenas y de las comunidades urbanas que también entienden de sus propios sistemas acuáticos e hidráulicos locales.

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Desde estas consideraciones, la sociedad de Tlaxcala y de muchas otras partes del país, luchamos porque tanto los gobiernos como legisladoras y legisladores entiendan, como también afirman las y los relatores, que considerar el agua como una mercancía o una siquiera como una oportunidad de negocio atenta contra los derechos humanos de los pueblos, y obstaculiza gravemente los esfuerzos que se hacen para resolver la crisis mundial del agua, ya de por sí agravada por la “triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de naturaleza y biodiversidad, y la contaminación tóxica” que, lo sabemos, en Tlaxcala también afecta la salud y la vida de personas y de comunidades enteras.

Es muy difícil que gobiernos, legisladoras y legisladores se animen a romper con los compromisos económicos, políticos e ideológicos que tienen con quienes promueven la mercantilización del agua, del saneamiento y de todo lo que tienen a su alrededor (hasta de las personas), pero, a pesar de eso, en Tlaxcala seguiremos insistiendo y luchando en todos los ámbitos porque triunfe la consideración de que el agua y todos los socioecosistemas son y deben mantenerse siempre como un bien común para el uso y disfrute de una vida digna para todas y todos y no sólo para unos cuantos.

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*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.

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