Los juicios para el acceso a la justicia en casos de feminicidios en Tlaxcala han demostrado volverse procesos largos, y dependiendo de quiénes conforman la asesoría jurídica, será el tiempo y la forma en la que se lleven a término estos procesos de manera favorable para las víctimas, ya que de las sentencias condenatorias que se han hecho públicas en el estado, varias de éstas han sido por procesos abreviados, que si bien minimizan los tiempos que deban enfrentar las familias, no necesariamente conllevan a la reparación integral del daño, pues pareciera que se prioriza reducir los tiempos del proceso ante la incapacidad de llevar a cabo los juicios de manera ágil y garantizar el acceso a la justicia de manera pronta.
Desde el acompañamiento que hemos brindado en los procesos de búsqueda de justicia, las familias continúan expresando como prácticas constantes el poco tiempo designado para el desarrollo de las audiencias, rompiendo con la continuidad de éstas y viendo pasar los meses e, incluso, años.
En los últimos días hemos podido mirar algunos avances en procesos de juicios por feminicidios, en dos de ellos se ha dado a conocer sentencia condenatoria y se espera que las audiencias para individualización de las sentencias se mantengan enmarcadas desde la perspectiva de género y se tomen en cuenta los contextos en los cuales ocurrieron los feminicidios, los impactos en las familias, la comunidad y a largo plazo.
Al respecto, el Comité de Expertas/os del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Mesecvi) considera que “la mayoría de los feminicidios quedan impunes debido, entre otras causas, al limitado acceso de las mujeres a la justicia, así como a los prejuicios de género durante los procesos judiciales, policiales y fiscales”; manteniendo grandes niveles de impunidad y poniendo muy poca atención en los procesos para garantizar la reparación del daño, que no contempla todas las dimensiones en las cuales impactan los feminicidios.
Los casos de feminicidios enfrentan múltiples problemáticas para el acceso a la justicia. Entre éstas versan: la invisibilización del problema, una falsa neutralidad implícita en tratarlos como homicidios, creencias sesgadas que devienen en explicaciones que inculpan a las víctimas y disculpan a los victimarios, reproducción de roles y estereotipos por razones de género, clase, etnia, identidad, orientación sexual, así como la omisión de los derechos de las víctimas indirectas de estos delitos.
Insistimos en la implementación de las recomendaciones y sentencias que se han hecho al respecto para garantizar procesos judiciales con perspectiva de género que abonen en juicios adecuados, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “Campo Algodonero”, la cual deben implementar todos los gobiernos. La obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado; las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado, por lo que es obligación contar con estas acciones desde las instituciones locales, lo que pocas veces se ha reflejado en el estado de Tlaxcala.
Los estándares internacionales parten de los avances en materia de protección de los derechos de las mujeres, que buscan poner un alto a las violaciones graves que vivimos cotidianamente en todos los países, aunque, sin duda, en la región de América, México mantiene condiciones de alto riesgo para las mujeres; además de negar la justicia pronta como parte de este sistema feminicida. Lo que ha quedado demostrado en cientos y cientos de casos que han puesto en lo público las condiciones en las cuales enfrentan las familias al sistema de procuración y administración de justicia.
A pesar de obtener avances importantes en materia legislativa, ésta no ha tenido cambios visibles en su aplicación, lo que representa obstáculos desde el sistema de justicia, el cual tiene deudas importantes en este sentido; sus prácticas han impedido adelantos en la disminución de la impunidad, la falta de injusticia y la violencia feminicida en el estado, los avances son muy lentos y muy limitados; haciendo esperar por años a las familias para mirar un poco de justicia.
A pesar de que en Tlaxcala se han logrado acreditar delitos de feminicidio, no se observa un mensaje claro en contra de la violencia feminicida, ninguna de las sentencias ha contemplado la pena máxima, y aún existe una gran diferencia entre los delitos cometidos y los que logran judicializarse, aún más aquellos que llegan a sentencias condenatorias y en las cuales se contemplen reparaciones del daño integrales que den respuesta a las necesidades y expectativas de las familias.
Estas acciones deben contribuir a un problema que persiste en el estado, del cual existe una declaratoria de Alerta por Violencia de Género y que contempla en estas acciones de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño; desafortunadamente, aún no se ha logrado contar con avances visibles, sobre todo que tengan impacto directo en las vidas y protección de las mujeres, ya que la violencia contra las mujeres sigue teniendo impactos sobre las vidas de las mujeres. Sin embargo, no todas acceden a servicios integrales para obtener justicia, lo que las coloca en una situación de violencia feminicida, a pesar de negar estos contextos.
En estos días continuamos con la exigencia de justicia para las mujeres como en el caso de Estefani Hernández y su familia, ya que el cierre del juicio oral no necesariamente implica la garantía del acceso a la justicia, sino que implica otro proceso en el que se busca que se contemplen las necesidades y que el Estado realmente brinde los servicios que están a su alcance para no dejar en la impunidad y en el olvido los feminicidios ocurridos, pues otros procesos han implicado más de cinco años y aún no ven cristalizada la justicia que buscan.