Domingo, agosto 7, 2022
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El abandono institucional a las familias que enfrentan la violencia feminicida

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Las cifras oficiales sobre las violencias contra las mujeres muestran apenas una parte de la realidad que vivimos las mujeres y niñas todos los días en todos los espacios, pues las instituciones apenas si informan sobre los contextos de violencia y la mayor parte de sus declaraciones parecen minimizar, ocultar o negar las condiciones de inseguridad y de misoginia que existe en nuestro estado; en un afán por insistir en ser el “segundo estado más seguro del país” se invisibiliza la situación de riesgo que enfrentamos y, sobre todo, la falta de respuesta institucional que, a pesar de los reclamos de la sociedad civil, de las mismas familias que enfrentan las violencias feminicidas y otras instituciones autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no hay cambios en las prácticas de omisión.

En las instituciones se han ido creando áreas que respondan de forma especializada a las expresiones de violencia que se viven en nuestro estado; sin embargo, han sido poco efectivas, las omisiones constantes a las que se enfrentan las familias y mujeres sobrevivientes de estas violencias han dado cuenta de la falta de compromiso y, sobre todo, el incumplimiento de sus obligaciones de estas instituciones.

Desde el Colectivo Mujer y Utopía A.C. hemos insistido en la aplicación del marco normativo con perspectiva de género para investigar, atender y sancionar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, como la sentencia “Mariana Lima Buendía”, que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara para la investigación de las muertes violentas de mujeres y lograr la acreditación del delito de feminicidio, y con ello garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y sus familias; tres administraciones han pasado en Tlaxcala desde esta sentencia y en todas ellas se han negado a iniciar carpetas de investigación por feminicidio, lo que ha significado la pérdida de evidencias y ha mantenido un nivel de impunidad elevado; aunque en sus discursos aseguren el interés por las mujeres, en la práctica, otra cosa se demuestra.

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La semana pasada acompañamos a la familia de Cecilia, víctima de feminicidio en mayo de 2021, quienes de forma pública compartieron el estado actual de su proceso, sin tener resultados positivos para garantizar el derecho de la familia a la justicia y reparación integral del daño; denuncian una falta de apoyo por parte de otras instituciones a quienes se han acercado para proteger sus derechos y no quede en la impunidad como ha sucedido con la gran mayoría debido a las omisiones institucionales.

Esa misma semana, mujeres titulares de diferentes instituciones estatales se reunieron para exponer los obstáculos profesionales que han afrontado durante su trayectoria; si bien es importante visibilizar aquellas dificultades que enfrentan las mujeres en la función pública por razón de su sexo, también representa una oportunidad para pronunciarse por las violencias que se siguen ejerciendo contra las mujeres y comprometerse a garantizar servicios de atención inmediata y de justicia para contribuir a su erradicación; sin embargo, pareciera que esta realidad les está lejana, aun así reclaman sororidad, cuando a las familias y a las mujeres no les brindan los servicios necesarios ni exhaustivos para localizar con vida a las mujeres desaparecidas, no aseguran el debido proceso, no investigan con perspectiva de género, no brindan un acompañamiento especializado, no observan las omisiones y violencias institucionales; hombres o mujeres tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones y es nuestro derecho como ciudadanía reclamar que lo hagan.

La activista Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, brindó una conferencia en el Teatro Xicohténcatl, con la presencia de autoridades municipales y estatales de Tlaxcala, compartiendo la lucha que su familia ha enfrentado en la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija, logrando en 2015 la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, significando un precedente para las investigaciones de los asesinatos de mujeres en el país.

En su oportunidad de participar, algunas funcionarias, incluida la gobernadora, expresaron que “a partir de ahora, se comprometían a aplicar esta sentencia para que las familias puedan acceder a la justicia”; sin embargo, de enero de 2016 a mayo de 2022 suman al menos 140 muertes violentas de mujeres, además de un incierto número de casos clasificados por las autoridades como suicidios, los cuales debieron haberse iniciado como feminicidios, y de los cuales sólo existen 25 carpetas de investigación y tres sentencias condenatorias, evidentemente no ha habido compromiso para cumplir con estos marcos normativos.

Así las instituciones con un desinterés total por atender efectivamente la grave situación de violencia que vivimos las mujeres, pero no sólo las instituciones estatales han dado muestra de la falta de compromiso y desconocimiento, pues el mismo Consejo Nacional de Población demuestra machismo, estereotipos y revictimización con su campaña “Yo decido evitar riesgos”, la cual se enmarca en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y, en palabras de la Secretaría de Gobernación tiene como objetivo “promover el libre, informado y placentero ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos entre las adolescencias” termina depositando la responsabilidad en las mujeres nuevamente, deslindando a los agresores de la violencia que deciden ejercer, y a las instituciones de las omisiones e impunidad en la investigación y acceso a la información y atención de la violencia sexual.

Ante estas prácticas, las familias han expresado sentirse abandonadas por las instituciones, no encuentran en ellas la información y atención que requieren para enfrentar los procesos que esto significa, son quienes entregan evidencias, quienes muchas veces deben pagar por un acompañamiento jurídico particular, que sea sensible y especializado en el tema, intentan colaborar con las autoridades para obtener respuesta efectiva después de meses de no recibir información precisa y no sólo promesas frente a medios por la presión social.

No se requiere de buenas intenciones o de “voluntad”, las obligaciones del Estado se deben cumplir, de lo contrario seguirá siendo un Estado feminicida, terrorismo de Estado y los niveles de impunidad, aunque maquillen las cifras, seguirán siendo parte de la violencia institucional contra las mujeres.

Colectivo Mujer y Utopía A.C.

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