Tras reconocer que el gobernador Mariano González Zarur podría haber incurrido en una omisión legal al no respetar los anteproyectos de presupuesto de los poderes y organismos autónomos, al enviar su propia propuesta de gasto para éstos, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Juan Ascensión Calyecac Cortero, anunció que la iniciativa de Presupuesto de Egresos de 2015 será modificada con la finalidad de atender los mayores requerimientos económicos.
Entrevistado desde el pasado martes, pues este miércoles ordenó la suspensión de actividades en el Congreso local, el legislador de izquierda admitió que el gobernador pudo trastocar algunos ordenamientos con su iniciativa de Presupuesto de Egresos, pues no se respetaron las solicitudes que plantearon los organismos y demás poderes de la entidad en la integración del proyecto que remitió al Poder Legislativo, sino que éstas fueron modificadas.
De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 276 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos, con base en las previsiones del ingreso y del gasto acordadas con el Poder Ejecutivo, formularán sus respectivos anteproyectos de presupuesto con enfoque de resultados, respetando los plazos que para este proceso señala este código, a efecto de que “se integren” al documento que se presentará (el Ejecutivo) al Congreso del estado para su análisis y aprobación.
En este sentido, de acuerdo con la iniciativa remitida a los integrantes de la LXI Legislatura local, no se respetaron los planteamientos hechos por los poderes y por los organismos autónomos de la entidad, porque propuso para el Judicial un gasto de 181 millones 296 mil 786 pesos, monto menor de lo que requirió en su anteproyecto de gasto que asciende a 258 millones 795 mil 754.39 pesos.
Una situación similar se registra con el Poder Legislativo, al que le propone un gasto de 221 millones 665 mil 375 pesos, pese a que solicitó 260.9 millones de pesos y de los cuales 47 millones serían para al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), y lo mismo ocurre con los organismos autónomos, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos.
Cuestionado sobre esa omisión y proceder del Ejecutivo local, el representante legal del Congreso del estado admitió que “es una situación en la que pu-diera verse una violación, pero se tienen que platicar y se hará la revisión correspondiente a la propuesta gubernamental”.
–En virtud de que las asignaciones planteadas son dispares a las solicitadas por los magistrados, diputados e integrantes de los organismos autónomos, ¿qué ocurrirá?–, se le inquirió.
–Lo que remitió el gobernador es una propuesta, una iniciativa, pero en el Congreso se hará la revisión y se determinará la partida que le corresponde a cada uno. Podríamos empezar a platicar y si es conveniente hacer una contrapropuesta, se realizará.