En el arranque del segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura local, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros envió al pleno del Congreso del estado sendas iniciativas con carácter de preferentes, que obligarán a las y los diputados a discutirlas y votarlas en un plazo no mayor a 30 días naturales.
Se trata de reformas a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala y de modificaciones y adiciones a la Ley de Turismo del Estado, esta última enfocada en regular los servicios de hospedaje temporal ofertados a través de plataformas digitales como Airbnb.
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Los oficios fueron turnados este martes en la primera sesión ordinaria y llevan la firma de la mandataria y del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, los cuales forman parte del paquete de iniciativas preferentes que la titular del Ejecutivo busca colocar como prioritarias en la agenda legislativa.
La primera iniciativa propone un proyecto de decreto que reforma la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. Aunque los detalles específicos aún no se han ventilado públicamente, fuentes legislativas anticipan que la propuesta busca ampliar atribuciones operativas y de coordinación interinstitucional en un contexto donde la violencia y la percepción de inseguridad se han incrementado.
En este sentido, la gobernadora Cuéllar pretende que el Congreso local acompañe sus políticas en materia de prevención, proximidad ciudadana y actuación policial, con reformas que, en sus palabras, doten de mayor certeza jurídica a las acciones de seguridad.
La segunda iniciativa concentra la atención del sector económico, pues plantea reformar y adicionar artículos de la Ley de Turismo del Estado de Tlaxcala para incorporar el fenómeno del hospedaje temporal digital, un mercado que ha crecido en los últimos años sin una regulación clara en la entidad.
El documento establece que los prestadores de servicios de alojamiento ofertados por medios electrónicos deberán cumplir con requisitos fiscales, de seguridad y de registro, con el propósito de garantizar condiciones equitativas con los establecimientos formales, como hoteles y posadas.
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De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la iniciativa preferente es aquella que el titular del Poder Ejecutivo presenta al Congreso en ejercicio de su facultad constitucional. Puede versar sobre cualquier materia y abarcar uno o más ordenamientos cuando exista conexidad en los temas.
La norma establece que, una vez recibida, las comisiones dictaminadoras deberán discutirla y votarla en un plazo máximo de 20 días naturales. Posteriormente, el pleno del Congreso del estado está obligado a resolver dentro de los 30 días naturales siguientes, ya sea aprobando o rechazando el dictamen.
En este proceso, se deben observar todas las formalidades previstas en el Reglamento Interior del Congreso, lo que convierte estas propuestas en un tema ineludible para las y los legisladores locales.
