La desaparición y la desaparición forzada de personas, así como los ajusticiamientos y los homicidios en México no pueden ser ya ni remotamente comprendidos como un accidente que emergió por la decisión “autónoma” que tomaron las múltiples fuerzas ilegales sobre el destino de cientos de miles de personas hasta hoy ilocalizables y ajusticiadas.
La desaparición y el homicidio en nuestro país es el síntoma de una crisis que se ha agudizado en las últimas tres décadas, una crisis que nos ha sumergido en la más flagrante y cínica violación al Estado de derecho y los derechos humanos. La desaparición y los homicidios son una crisis humanitaria latente, una crisis que ha dejado a cientos de miles de familias fisuradas y con incognoscibles pérdidas y ausencias.
La desaparición y el ajusticiamiento en México ha generado un amplio repertorio de acciones que, ni en este país ni en ninguna otra geografía planetaria deberían existir. Una parte de la academia se ha enfocado en estudiar los “fenómenos”, historiarlos, conocerlos y explicarlos. Desde las múltiples ramas de conocimiento se han propuesto rutas de acompañamiento psicosocial, fomentado el estudio de la antropología y la física forenses, los estudios jurídicos, las formulaciones legales, los protocolos de búsqueda en vida y técnicas de búsqueda en muerte. Así como una ciencia enfocada en el reconocimiento de restos óseos.
Gubernamental e institucionalmente se han formulado leyes, políticas, instituciones oficiales que se empeñan en la localización de cuerpos vivos y muertos, adquisición de tecnología para el rastreo, así como en la capacitación a colectivos y colectivas de búsqueda en el campo y la ciudad. Otras versiones han sido presentadas en política pública en materia de desaparición y alguna que otra en Comisiones de Investigación para esclarecer, crear verdades y alcanzar resarcimientos. Aunque la falta de presupuesto, a veces la simulación, otras la ineficiencia e inexperiencia, han vuelto insuficientes estas iniciativas y “considerables” esfuerzos oficiales.
De forma autónoma, organizaciones no gubernamentales, colectivos y colectivas religiosas y civiles se han agrupado para acompañar psicológica y jurídicamente algunos casos y para exhortar o presionar a la prensa a dar cobertura y seguimientos mediático hasta donde sea posible. Después de ello, las y los colectivos que buscan a sus seres queridos quedan solos en su peregrinar, caminan en orfandad y en el más completo olvido institucional y social. Esta crisis humanitaria es una latencia en el presente, un presente –como ya se señaló– plagado de asesinatos, ajusticiamientos, desapariciones y ausencias.
Seguir concibiendo todo esto como hasta ahora ha venido sucediendo tiene implicaciones a corto y largo plazo, no sólo catastróficas para la dignidad humana, sino también para el porvenir que como sociedad nos aferramos a ser.
Los sucesos de violencia atroz que padecemos han sido oficialmente separados de la lógica que los produce, se ha dejado de señalar a los actores que los perpetran para obtener múltiples ganancias. Actores que, como ya se señaló, no sólo han actuado desde la ilegalidad, sino también desde la legalidad. La desaparición de personas y los homicidios han formado parte, desde los últimos años del siglo XX, de un método para administrar no sólo la cosecha, producción y trasiego de drogas, naturales o sintéticas. Lo que entendemos como “narcotráfico” o “crimen organizado” es mucho menos complejo que cuando las drogas y las rutas de trasiego eran los únicos elementos de disputa entre los cárteles. Hoy, los cárteles están dejando de ser cárteles, tal y como lo fueron hasta finales de los años 90 del siglo pasado. El crimen organizado ya no es ni práctica ni conceptualmente lo que creímos era en los primeros 12 años del siglo XXI, hoy el crimen organizado está realmente desorganizado, pero, de forma fragmentada, está mucho más incrustado en las esferas de poder legal. ¿Por qué esto? Por el poder económico, el poder armado y el poder delegado que las autoridades locales y federales les otorgaron de manera fragmentada a estos grupos ilegales a lo largo y ancho del territorio nacional.
Hoy, el llamado narcotráfico y el crimen organizado es una economía ilegal ampliada, pero también legal, opera ya como un Estado paralelo, pero en las sombras, aunque siempre con la aquiescencia de actores legales que trabajan en la esfera burocrática legal, tanto regional como federal. Pocas veces, los grupos de la economía ilegal actúan de forma autónoma.
El poder gradualmente de estos actores ha incrementado en los últimos años de manera exponencial, a grado tal de mostrar arrogancia a las autoridades y fuerzas legales, así como a los poderes estatales y federales, desestabilizando las relaciones, pactos o acuerdos entra ambas partes.
El tema hoy de las economías ilegales es que han incursionado en negocios que están más allá del mundo de las drogas, controlan amplios espacios geográficos, administran una gran cantidad de población, la cohesionan a través de la violencia y “ordenan” desde la ilegalidad las posibles disidencias, tanto para el Estado como para sus múltiples intereses.
Recientemente ha habido un cambio en su actuar que no se había visto anteriormente, es su incursión en la política y los asuntos públicos, los grupos de las economías ilegales están incursionando en los ámbitos políticos, en la toma de decisiones públicas, conquistando o imponiendo personas en puestos claves, los cuales les permitan trasegar, controlar la aplicación de la ley, usar las fuerzas legales a favor de sus intereses, controlar les centros penitenciarios y los recursos de los planes de desarrollo presentados por los gobiernos locales. Todo, para obtener impunidad, para tener poderes, sembrar, producir, trasegar, extorsionar, monopolizar productos e imponer su orden impunemente. Sucesos que, a contraluz, cohabitan con la legalización de la incursión de las fuerzas armadas a los ámbitos civiles.
Indiscutiblemente, las economías ilegales se han empotrado en todos los reductos de poder legal, véase como ejemplos Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, Tabasco, Nayarit, Chiapas, etc. ¿Cómo desmontar todo esto? ¿Es posible desmontarlo? Comprobado quedó que la militarización y la guerra contra el entonces llamado narcotráfico y crimen organizado no fue la solución, la centralización de los mandos castrenses y policiales no ha sido tampoco una alternativa ¿Qué hacer? Hoy se ha propuesto, tímidamente, una Comisión Nacional de Pacificación y Reconciliación Nacional, cuyo objetivo consiste en dialogar con los grupos del “crimen organizado” para pacificar el país.
¿La vía de pacificación, más no de eliminación de estas economías ilegales, será la centralización de mando del poder gubernamental y la repolitización del narcotráfico y el crimen organizado? Tal como operó hasta los años 90 del siglo pasado.
¿Lo que sea en aras de que la desaparición y la desaparición forzada de personas, así como los homicidios, dejen de ser en nuestro país una crisis humanitaria que ha lacerado a cientos de miles de familias mexicanas? ¿Alcanzará entonces con poner atención a la juventud y el combatir las causas que los llevan al camino de la violencia?