El viernes pasado, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó: “En materia de trata es nuestro deber proteger a las niñas y mujeres, por eso hemos puesto un gran esfuerzo para tener una estrategia clara y contundente…”, también afirmó que la trata de personas ha disminuido en un 83 por ciento. Desafortunadamente, como ya ha ocurrido en otras afirmaciones de autoridades estatales, no se explicó el periodo en el que se da el cambio referido ni la metodología para llegar al dato.
El actual gobierno, encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, lleva en funciones poco más de cinco meses, lograr una disminución del 83 por ciento en ese tiempo y sin que siquiera tengan aprobado un Programa Estatal contra la Trata, resulta inverosímil, dado que es un problema que, de acuerdo con las investigaciones antropológicas del Dr. Óscar Montiel Torres, se ha desarrollado por siete décadas, lo cual ha generado que las redes de trata tengan operaciones estatales, nacionales e internacionales.
Muy probablemente, la afirmación de la gobernadora se basa en las denuncias existentes durante los años 2020 y 2021. Al respecto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que, de enero a diciembre de 2020, en Tlaxcala se habían denunciado 15 mujeres víctimas de trata y de enero a diciembre de 2021 se reportaron únicamente dos denuncias, es decir, que de 2020 a 2021 disminuyeron un 87 por ciento las denuncias. No es la primera vez que ocurre este tipo de caída en las denuncias, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en el año 2018 se reportaron 21 denuncias, mientras que en 2019 solo existieron tres denuncias, es decir, hubo una disminución del 86 por ciento.
Esta disminución de las denuncias responde a varios factores, entre ellos los siguientes: 1) La falta de protección de las víctimas que denuncian, hasta la fecha Tlaxcala no cuenta con refugios especializados para las víctimas de trata; 2) Una mala comprensión del consentimiento viciado, en las entrevistas a víctimas basta que una víctima les diga que está “por su voluntad” para que las autoridades dejen de considerar el conjunto de mecanismos que permiten viciar la voluntad; 3) A la falta de procesos de investigación en los lugares de explotación que lleven a un rescate eficaz de las víctimas, a la desarticulación de las redes de tratantes y a la extinción de lugares de explotación; 4) A la falta de eficacia para lograr sentencias condenatorias firmes, recordemos que de las 50 carpetas de investigación abiertas de 2017 a 2021, solamente una alcanzó sentencia condenatoria firme.
Además, de lo anterior, es importante recordar que, la cifra negra de no denuncia puede alcanzar el 99 por ciento, es decir, que por cada víctima que llega a las instancias de denuncia, 99 más no denuncian. Cuando la gobernadora habla de que la trata ha disminuido un 83 por ciento, ¿incluye la disminución de la existencia de las víctimas que no denuncian? Disminución que debería responder a procesos de protección, atención y reconstrucción de proyectos de vida para que las mujeres y las niñas no sean nuevamente enganchadas por las redes.
Al gobierno estatal debe preocuparle que, durante 2021, solo existieran dos denuncias –una sola durante los meses que la actual gobernadora ha estado a cargo del Ejecutivo–, en una realidad donde la ciudadanía, la sociedad civil y la academia siguen documentando y señalando la gravedad del problema. Por poner un solo ejemplo de dicha realidad, todos los puntos de explotación conocidos siguen activos, entre ellos la Vía Corta.
La trata de mujeres y niñas es una problemática cuya atención para su erradicación no debe centrarse solo en una visión punitiva, la estrategia debe ser integral, es decir, debe necesariamente proteger y atender a las víctimas y fundamentalmente debe impulsar procesos educativos que transformen la masculinidad explotadora y consumidora, sin esto último, las redes de trata no desaparecerán sino únicamente se adaptarán, como lo han hecho históricamente. Por lo pronto, el actual gobierno, quien presume haber disminuido 83 por ciento la trata de mujeres y niñas en cinco meses, ni siquiera ha sido capaz de aprobar su Programa Estatal contra la Trata de Personas, será por eso que da palos de ciego.