La reforma político–electoral desencadena procesos que demandan cambios en las legislaciones locales, con el propósito de que no entren en contradicción con las formas en que los ciudadanos eligen a los poderes Legislativo y Ejecutivo locales.
El gobernador del estado envía una iniciativa de ley para reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a fin de armonizarla con los cambios aprobados por el Congreso de la Unión en la llamada reforma político–electoral.
Una de las ideas centrales es realizar la redistritación de la entidad, a efecto de hacer más robusta la representación popular. Por el tamaño de la entidad y el número de la población es posible la reducción de legisladores.
Actualmente el Congreso se integra por 32 legisladores, de los que 19 son de mayoría y 13 de representación popular, la propuesta considera posible disminuir a 13 los primeros y a ocho los segundos para contar con un poder de 21 diputados.
Esto se compensa con el hecho de que los legisladores que resulten designados en la siguiente elección, la de 2016, podrán estar en la curul hasta 2028, ya que podrán ser reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos de acuerdo con la propuesta oficial.
La temporalidad, por sí misma, no dice nada, sin embargo, esta decisión está en relación a la experiencia desarrollada por los legisladores que en tres años se dedican a aprender y cuando más o menos ya saben algo, tienen que irse.
La profesionalización de quienes se dedican a hacer las leyes ha sido una demanda añeja y más ahora que el sistema político ha dejado de ser hegemonía de un solo partido. En la transición el papel que juega este poder ha sido trascendente como contrapeso.
Otro de los cambios es la alineación entre los tiempos de elección y el inicio de funciones entre uno y otro, ahora pasan a seis meses y se busca reducir a cuando menos la mitad, a efecto de que la elección se haga en junio y la toma de protesta en agosto.
Así también se alinea la elección del Poder Ejecutivo local con los tiempos federales, a efecto de que coincidan y se realicen procesos simultáneos, lo que llevará a reducir, por única vez, el siguiente periodo a cinco años.
Esperemos que las diferencias que registra actualmente el Congreso no convierta la propuesta en confrontación y sí en una discusión rica que permita dejar a Tlaxcala y a los ciudadanos en mejores condiciones de relación con quienes los representan.