La presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Irma Yordana Garay Loredo fustigó la posibilidad de que integrantes de la LXIII Legislatura local pudieran usar la asignación de recursos de los fondos de Acciones para el Fortalecimiento al Campo y de Obras y Acciones a Municipios para promover su imagen con fines políticos y electorales.
Ello luego de que la semana pasada, el coordinador de la bancada perredista en el Congreso local, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes fue evidenciado por usar las instalaciones del Palacio Legislativo como ventanilla para la recepción de documentos para la entrega de calentadores solares para el municipio de Natívitas.
Dicha acción contraviene lo establecido por las reglas de operación de los fondos de Acciones para el Fortalecimiento del Campo y de Obras y Acciones a Municipios, que establece que serán los ayuntamientos los encargados de recibir y tramitar las solicitudes de apoyo respecto a los más de 400 millones de pesos que los diputados etiquetaron para este ejercicio fiscal.
Además, el mes pasado, integrantes del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, acusaron al mismo congresista de intervenir de manera ilegal en el proceso de operatividad de los Fondos de Acciones para el Fortalecimiento al Campo y de Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios, pues quiere “validar” el listado de benefiiciarios.
Cuestionada al respecto, la encargada de la conducción política del Congreso local dijo desconocer los detalles de las imputaciones así como la versión de su homólogo, de ahí que pidió a los reporteros tiempo porque “primero tenemos que hablar con el compañero diputado, ver cuál es la situación actual y por qué se suscitaron estos casos, pero antes de dar una declaración debo investigar con mi colega”.
Ustedes permitirán o auspiciarán el uso de recursos públicos para ayudar o pavimentar las aspiraciones políticas de alguien, se le preguntó.
“Por supuesto que no, no es un tema electorero, siempre lo vimos desde la asignación del presupuesto como un tema de beneficio para la sociedad, entendemos que no se ha cubierto a la mayoría de la ciudadanía y es imposible hacerlo, sin embargo a las personas que se les ha dado el beneficio lo han sabido aprovechar y ha sido favorable para ello, pero no es con ninguna intención de ayudar con fines electorales o electoreros”, indicó.
De acuerdo a las reglas de operación que emitió la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado en sus artículos 10, 11 y 12 establecen que “estos apoyos se otorgarán de manera directa con el beneficiario y no podrá haber intermediarios de ningún tipo”.
Aunado a ello, el numeral 29 establece que aquellos servidores públicos que por motivo de su encargo, participen de forma directa en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que éste tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, están obligados a excusarse de intervenir en los mismos, aspecto que incumpliría el legislador Covarrubias Cervantes.