Para el próximo ejercicio fiscal, cada uno de los 25 diputados de la LXV Legislatura local contará con una bolsa económica de 3 millones 808 mil 512 pesos destinada a “ayudas sociales”, un financiamiento conocido en la práctica como fondo para gestión social, cuya opacidad y discrecionalidad ha sido cuestionada por organismos especializados y por las propias normas que rigen la función legislativa.
El decreto de Presupuesto de Egresos para 2026, aprobado la semana pasada, establece que para el Congreso local habrá un gasto de 503 millones 506 mil 250 pesos, que son 29 millones 86 mil 308 pesos más que los previstos en del decreto de presupuesto de la presente anualidad, de los cuales, 95 millones 81 mil 127 pesos serán para el Órgano de Fiscalización Superior.
Sin embargo, de manera específica prevé una partida, en el capítulo 4000 —correspondiente a subsidios y ayudas—, un monto total de 95 millones 212 mil 800 pesos, monto que será distribuido en partes iguales entre los 25 integrantes de la LXV Legislatura.
Aunque su existencia se ha normalizado entre la clase política local, las reglas de operación de este fondo no son públicas. Lo único que se conoce es que el Comité de Administración del Congreso solicita comprobantes y evidencia fotográfica para justificar los apoyos entregados.
Sin embargo, esa mínima fiscalización no garantiza que los recursos se ajusten a las funciones que la ley asigna a los legisladores.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha advertido en diversos estudios que este tipo de gasto representa una desviación de las atribuciones constitucionales de los congresos locales.
El organismo ha señalado que ninguna legislación faculta a los diputados a otorgar despensas, juguetes, medicinas, aparatos ortopédicos o incluso recursos económicos para festividades comunitarias. Hacerlo, explica el IMCO, constituye una mala práctica que invade funciones del Poder Ejecutivo y que fomenta esquemas clientelares difíciles de auditar.
En el caso tlaxcalteca, la Ley Orgánica del Poder Legislativo indica que los diputados tienen derecho a recibir las dietas y emolumentos establecidos en el presupuesto, pero no menciona la existencia ni la justificación de un fondo permanente para ayudas sociales. Su función, conforme al artículo 43 de la Constitución Política del Estado, se centra en legislar, representar y fiscalizar el uso del dinero público.
Entre sus tareas centrales también se encuentran la revisión, análisis y glosa de los informes del Ejecutivo y del Judicial, además de vigilar el correcto ejercicio del gasto. En ninguna disposición aparece la entrega de apoyos materiales, económicos o asistenciales, práctica que en los hechos se ha convertido en una suerte de gestión personalizada que, aunque políticamente rentable, desdibuja la naturaleza del trabajo legislativo.
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