Los integrantes de la LXIV Legislatura local determinaron desechar, por improcedentes, seis demandas de juicio político promovidas en contra de diversas autoridades, entre ellas, el proceso iniciado en contra de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el titular de la Secretaría de Gobierno, Sergio González Hernández.
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Este martes, en la sesión ordinaria del pleno del Congreso local, a granel, los integrantes de la Comisión de Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes presentaron los acuerdos a través de los cuales declararon desechar los procesos iniciados en contra de las actuales autoridades.
El juicio en contra de la mandataria y del encargado de la política interna fue promovido por los ciudadanos Lucrecia Ortega Sánchez e Isidro Sánchez Piedra por supuestamente cometer omisiones en el desempeño de su cargo.
Ello, a decir de los denunciantes, porque presuntamente existió negativa de la gobernadora y del secretario de Gobierno, de otorgar audiencias a los integrantes y directivos de la asociación regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos (Arelith) A.C.
Manifestaron no haber sido atendidos el 6 de septiembre y 3 de diciembre de 2021, además de que denunciaron que les fue negada otra audiencia el 11 de enero de 2022, de ahí que los representantes promovieron su solicitud de juicio político, misma que les fue desechada por no encuadrarse en ninguno de los supuestos legales para iniciar el proceso.
La misma suerte corrió la denuncia de juicio promovida en contra de Leandra Xiochténcatl Muñoz, presidenta municipal de Mazatecochco, Sergio Mena García y Antonio Rodríguez García, como integrantes del cuerpo edilicio de esa Comuna.
Igual destino tuvo la denuncia promovida en contra los comisionados de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, Didier Fabián López Sánchez y Maribel Rodríguez Piedras, así como del ex comisionado, Fernando Hernández López.
También desecharon el recurso promovido por Domingo Meneses en contra de la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel Delfina Maldonado Textle y de los presidentes municipales de Apizaco y Huamantla, Pablo Badillo Sánchez y Juan Salvador Santos Cedillo, respectivamente.
En todos los casos, los integrantes de la Comisión de Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes reiteraron que las demandas no reunieron los elementos ni requisitos legales de procedencia, por lo que fueron desechados y ordenaron que fueron archivados, dando por concluidos los procedimientos.