Por mayoría de votos, el pleno del Congreso local acordó llamar a comparecer al presidente del Poder Judicial, Fernando Bernal Salazar, a fin de que aclare las diversas imputaciones por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Además, justifique la asignación de espacios laborales de manera ilegal y la indebida creación de 120 plazas laborales. De paso, aceptó la integración del Leonel Ramírez como Consejo de la Judicatura, en representación del Ejecutivo, sin cumplir con los requisitos el cargo requiere.
Este jueves, en sesión extraordinaria del pleno de la LXIII Legislatura local, los diputados determinaron iniciar ese proceso, con el argumento que desde el inicio de año y a través de diversas notas periodísticas, han advertido las imputaciones en contra del presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura.
De entrada, el llamado de comparecencia es porque el magistrado Bernal Salazar aceptó a trámite, sendos juicios de protección constitucional promovidos por Víctor Manuel Cid del Prado Pineda –en uno de los cuales, decretó la suspensión del acto reclamado, es decir, su deposición del cargo- a fin de que se le mantuviera como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Los medios de protección constitucional locales, y específicamente el juicio de protección constitucional, únicamente puede invocarse por parte de una ciudadana o ciudadano, es decir, un particular, que estime que algún acto de autoridad, resulte violatorio de sus derechos humanos. En este sentido, es evidente que los actos que impugnó el citado actor, no pueden entrar en dicha categoría, pues el actor pretendió indebidamente, se prolongue un nombramiento como autoridad, procedimiento que está a cargo de esta Soberanía, al ser una facultad expresamente prevista en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, refiere el acuerdo.
Con ello, a decir de los diputados, Bernal Salazar:
“Entorpeció los procedimientos y por tanto, la ejecución de los actos soberanos del Congreso del estado, generando a la par, incertidumbre e inestabilidad en las instituciones del Estado, concretamente la parálisis del organismo autónomo que tiene a su cargo la defensa y protección de los derechos humanos en el Estado, así como señalamientos graves por parte de la sociedad en general y de activistas e incluso, manifestaciones frente al Palacio de Justicia, ubicado en la Capital del estado”.
Dicho actuar, abundaron:
“Está configurado en nuestra legislación penal como delito, habida cuenta de que dichos acuerdos de radicación, fueron dictados en contravención a un precepto imperativo de ley, como lo es el artículo 50 de la Ley de Control Constitucional, lo que podría actualizar la hipótesis prevista en el artículo 187, fracción I, del Código Penal del estado de Tlaxcala”.
Aunado a esta imputación, los diputados también fustigaron la omisión de Bernal Salazar al permitir que funja como consejero de la Judicatura, Leonel Ramírez Zamora, sin que cumpla los requisitos para desempeñar ese encargo hecho por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.
“Leonel Ramírez fue designado por el gobernador del estado en el año 2020, sin cumplir con la totalidad de los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del estado de Tlaxcala, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, (y) ha omitido ponerlo de conocimiento del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del propio titular del Ejecutivo, dar vista de ello al Consejo de la Judicatura, a la Contraloría del Poder Judicial e incluso al Ministerio Público, para que investigue la probable comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público, así como para que se dé inicio a los procedimientos administrativos a que haya lugar, a fin de que el Consejo de la Judicatura se integre en forma legal y asegurar así, la validez de sus determinaciones”.
Ello, porque los diputados, tras más de un año de esa designación, se dieron cuenta que Leonel Ramírez “no contaba con cédula profesional con una antigüedad de 10 años, ya que, al consultar la fecha de su expedición en el Registro Nacional de Profesionistas, se advierte que su cédula profesional (7828488) fue expedida en el año 2012, por lo tanto, en el año de su ilegal designación, dicha cédula tenía una antigüedad de ocho años”.
De esa omisión, los diputados quieren hacer responsable de Bernal Salazar, pues fue él quien recibió y dio trámite a la designación, y :
“Estaba en la obligación de hacerlo de conocimiento del pleno del TSJE, a fin de tomar las medidas legales pertinentes y evitar así, que el Consejo de la Judicatura, se mantuviera integrado en forma ilegal como hasta la fecha acontece”.
Aunado a ello, aseguraron que el presidente del Poder Judicial ha hecho nombramientos de jueces sin atender el servicio civil de carrera y ha dado al traste con las políticas de racionalidad y austeridad, ya que ha creado al menos 120 plazas laborales, lo cual, aseguran
“Ha impactado negativamente las finanzas del Poder Judicial, contraviniendo el principio de austeridad y distrayendo recursos que resultan ser indispensables para prestar debidamente la función sustantiva de dicho ente público, que es dotar de recursos materiales a todas las áreas jurisdiccionales”.
Por ello, los diputados aprobaron llamarlo a comparecer para este viernes 9 de julio, a las 10 horas, en las instalaciones de este recinto Legislativo, a efecto de que rinda informe “con toda veracidad, sobre los temas señalados”.