Deudas de agua

Trabajador de brigadas de la Conagua en Chiapas. Foto tomada del Twitter de @conagua_mx

El agua se ha transformado en un tema muy sensible en nuestro devenir social, tironeado por la necesidad ineluctable de cambiar radicalmente de modelo civilizatorio, el temor ante la incertidumbre del nuevo modelo que se tiene que construir y la resistencia de la minoría que se ha beneficiado con el viejo modelo. En este enfrentamiento entre lo nuevo que se está construyendo y lo viejo que se niega a morir, surgen temas que pueden convertirse en punto de inflexión para un cambio. El tema de los recursos naturales y especialmente el del agua, salta al primer plano a cada instante: la semana que terminó estuvo marcada por la toma violenta del complejo hidroeléctrico de la presa la Boquilla, alimentada por el río Conchos en Chihuahua, por grupos de supuestos productores que denuncian despojo del vital líquido y el consecuente perjuicio de la producción agrícola, cuestionando la vigencia de un tratado internacional entre México y USA que data de 1944, y mediante el cual nuestro país está obligado a entregarle anualmente una cantidad fija de varios miles de millones de metros cúbicos.

Con toda evidencia se trata de crear un conflicto político–partidista en contra del gobierno federal actual, un pretexto para generar oposición. Hace unos días, la titular de la Conagua declaraba también que no había argumentos para cancelar las concesiones otorgadas por los gobiernos anteriores a la empresa Coca–Cola, para la explotación de pozos profundos de agua en la zona de San Cristóbal de las Casas, para elaborar sus bebidas azucaradas que han llevado a las comunidades más pobres, indígenas y campesinas a ocupar el primer lugar en casos de obesidad y diabetes. Esta fue la respuesta institucional a una demanda de varias organizaciones de la sociedad civil de cancelar dichas concesiones ante la crisis sanitaria que padece el estado.

Las mismas organizaciones denunciaron que ante la campaña en contra del consumo de ese veneno, la transnacional ha optado por rebajar los precios de los refrescos hasta en un 50 por ciento en esas comunidades para que sigan autoexterminándose lentamente, de tal manera que para muchos sale más barata una botella de refresco que una de agua. En la misma semana se tocó el asunto de la planta hidroeléctrica de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, Morelos, mismo que fue impugnado desde sus inicios por indígenas y campesinos agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Morelos, Puebla y Tlaxcala, por los daños causados en las tierras de cultivo y los ecosistemas por donde se instala el gaseoducto que alimentará dicha central, pero sobre todo por el uso que se hará del agua del río Cuauhtla para enfriar los generadores de la electricidad.


Este conflicto ya cobró la vida en 2019 de Samir Flores Soberanes, uno de los líderes del movimiento. Este proyecto, impuesto y heredado del régimen anterior, adolece de los mismos males neoliberales: impuesto por la fuerza, con falsas consultas, con violencia y en beneficio de intereses privados y ha sido combatido judicialmente por los afectados, logrando detenerlo hasta ahora. En el ayuntamiento de Puebla se sigue buscando la manera legal de echar abajo la privatización del agua que realizara Moreno Valle, bajo el esquema simplista de que el recurso es gratis, pero lo costoso es la infraestructura para su distribución y el Estado no tenía la capacidad de sufragar los gastos para este servicio básico, pero sí para otras obras suntuosas e innecesarias. Estos conflictos por el agua requieren de políticas claras y precisas que partan del principio de que la vida debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración de tipo económico, y de que los intereses comunitarios deben estar tutelados por el Estado. Una política con estas características no debiera dejar ningún resquicio por el que se filtren los intereses del pasado y generen resistencia con el engaño y la mentira.