La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de irregularidades, incluso algunas como probable daño patrimonial en las que habría incurrido el gobierno del estado de Tlaxcala en el año 2023, por lo que deberá aclarar el uso y destino de 321 millones 491 mil 100 pesos.
De acuerdo con la segunda entrega de informes individuales de la auditoría de la cuenta pública 2023 que entregó la ASF a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación del Congreso de la Unión, se detectaron diversas omisiones e irregularidades en las que habría incurrido la administración estatal.
Por ejemplo, de acuerdo con la auditoría de cumplimiento 2001, a las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con clave 2023-A-29000-19-2001-2024, se detectaron irregularidades por aclarar por un monto de 138 millones 256 mil 220.51 pesos.
Lo anterior porque el gobierno del estado tuvo ingresos extraordinarios derivados de diversas fuentes de financiamiento, los cuales fueron destinados a conceptos no previstos en la normativa, por el referido monto.
Además, detectaron que el gobierno del estado de Tlaxcala no consideró la metodología establecida por la normativa y los criterios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el cálculo de la asignación global de recursos para servicios personales, ya que el monto aprobado para el ejercicio fiscal 2023 “fue de 3 mil 247 millones 459 mil 500 pesos, lo que representó un incremento respecto del monto aprobado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por 337 millones 287 mil 500 pesos, lo que representó el 11.6 por ciento, por lo que excedió el límite establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para el ejercicio presupuestado por 19 millones 176 mil 600 pesos”.
De igual forma, la ASF detectó irregularidades en la aplicación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por 94 millones 827 mil 400 pesos, según da cuenta la auditoría de cumplimiento 2006, de clave 2023-A-29000-19-2006-2024.
En este apartado, los auditores detectaron un “probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal”, por un monto de 92 millones 33 mil 476.86 pesos, “más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro”, por realizar pagos con los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2023, correspondientes al contrato número SI/PROALU/093/23, sin haberse realizado los trabajos al momento de su pago, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
También encontraron un probable daño por un millón 550 mil 339.14 pesos por utilizar recursos de este fondo para el pago de materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información, materiales y equipos menores de oficina, material impreso e información digital, materiales y útiles de enseñanza, utensilios para el servicio de alimentación y blancos y otros productos textiles, “conceptos que no están previstos para financiarse con los recursos del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal”.
Asimismo, persiste otra observación como daño a las arcas federales por un millón 243 mil 576.93 pesos, ya que el gobierno estatal realizó pagos con recursos de dicho fondo para saldar el contrato número SI/PROALR/026/23, “sin acreditar que se tiene la propiedad del terreno donde se realizó la obra, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”.
Otro de los rubros en los que se hicieron observaciones es en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, con un monto por aclarar de 72 millones 346 mil 107.09 pesos.
El primer monto observado en dicho fondo es por 63 millones 451 mil 859.64 pesos, “por los pagos con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades del ejercicio fiscal 2023 realizados para el contrato número GET-OMG-LPN-113/2023, de los que no fue proporcionada la documentación suficiente, pertinente y competente, que acredite el cumplimiento normativo en el proceso de contratación y de ejecución de los conceptos y volúmenes individuales que integran las acciones de suministro e instalación de los sistemas de captación de agua pluvial, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y otras disposiciones legales.
De mismo modo, advirtieron de un probable daño o perjuicio al erario por un monto de 7 millones 382 mil 824.69 pesos por el pago con recursos de dicho fondo “en proyectos que presentaron deficiencias por no haber sido cargados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, por no realizar la validación del Cuestionario Único de Información Socioeconómica, por obras públicas que no operan o su operación es deficiente o para un fin distinto al que fueron autorizados, por presentar deficiencias en los conceptos ejecutados, por conceptos de obra no ejecutados y por proyectos inconclusos y a los que no se tuvo acceso para realizar la verificación de su conclusión y su operación”, entre otros.
Otros de los fondos que registró anomalías en su destino o comprobación es el de Aportaciones Múltiples, ya que la auditoría de cumplimiento 2005, de clave 2023-A-29000-19-2005-2024, con un monto de 16 millones 61 mil 400 pesos.
El principal daño probable al patrimonio de la Federación es por 11 millones 224 mil 160.45 pesos, por pagar “obra no ejecutada de los contratos FAMS-29-001-2023 de las estimaciones 7, 8, 9 y 10, y el contrato FAMS-29-002-2023 de las estimaciones 4, 5 y 6, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas de Tlaxcala y sus Municipios, artículos 58, 59, 69 y 79, y de los contratos FAMS-29-001-2023, FAMS-29-002 2023, cláusulas segunda, décimo segunda y décimo novena”.
Es un caso similar, aunque con montos menores, por un millón 992 mil 482.73 pesos “por no proporcionar 10 pólizas contables y la documentación soporte correspondiente a las erogaciones de las obras” y otros 2 millones 844 mil 774.50 pesos, “por efectuar pagos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo, por concepto de demolición de edificios A, B, C y D, Vehículos y equipo de transporte y fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal”.