La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades, quebrantos y una deficiente aplicación de recursos federales asignados a Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2021, por un monto de mil 396 millones 215 mil 500 pesos, por lo que ya inició los procesos de responsabilidad administrativa y resarcitoria.
Los responsables de esas anomalías fueron autoridades estatales y municipales que ejercieron el cargo hasta el 30 de agosto del año 2021 y las administraciones que iniciaron funciones el 31 de agosto de esa anualidad, así como magistrados del Poder Judicial y funcionarios de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).
Este lunes, la ASF dio a conocer el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año 2021, en el que se advierte que, por el monto, la principal observación fue en el rubro de Participaciones Federales a Entidades Federativas, pues de acuerdo con la auditoría de Cumplimiento 2021–A–29000–19–1821–2022, el gobierno de Tlaxcala debe aclarar el uso y destino de 712 millones 566 mil 473.56 pesos.
Ello, porque las autoridades estatales, sin especificar si las correspondientes a las administraciones de Marco Antonio Mena Rodríguez o de Lorena Cuéllar Cisneros, incurrieron en incumplimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios, y en materia de obra pública; asimismo, por incumplimientos a la normativa en el rubro de servicios personales y de los cuales se derivaron 12 promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias.
Otra de las principales observaciones, por el monto que representan, es por el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pues “el gobierno del estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una cuantificación monetaria de las observaciones por un total de 431 millones 191 mil pesos”.
Ello porque incurrió en el incremento en servicios personales, ya que registró pagos superiores al importe aprobado; asimismo, “no presentó evidencia ni autorización de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Tlaxcala para aplicación de los ingresos excedentes derivados de ingresos excedentes de libre disposición”, entre otros.
En el Poder Judicial de Tlaxcala también hubo observaciones por un monto de 68 millones 325 mil 952.56 pesos “pendientes de aclarar”, ya que durante el año 2021 los magistrados “excedieron el límite calculado establecido en la normativa para servicios personales y presentó diferencias en los reportes generados de los formatos financieros que son parte de la información contable”, entre otros.
De igual forma, la ASF realizó observaciones por 41 millones 892 mil pesos en las arcas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pues de acuerdo con la revisión “registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal”.
En el caso de los municipios, de acuerdo con la revisión, es el caso de Huamantla el que mayores irregularidades tiene, ya que la ASF detectó irregularidades por 70 millones 898 mil pesos, ya que las autoridades municipales, sin precisar si fue el ex edil Jorge Sánchez Jasso o el actual Juan Salvador Santos Cedillo, “infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por no disponer de los registros contables y presupuestales de las operaciones, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública”.
Lo mismo ocurrió con los municipios de Papalotla con montos por aclarar por 29 millones 465 mil 668.24 pesos, de Tlaxcala por un millón 461 pesos y de Zacatelco por 279 mil pesos.
En cambio, las administraciones de los municipios de Apizaco, Atlangatepec y Chiautempan, de acuerdo con el informe de la ASF, no detectaron irregularidades financieras con montos por aclarar.