El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Marcos Tecuapacho Domínguez celebró que la LXIII Legislatura local haya otorgado plena autonomía a este órgano jurisdiccional, con lo cual dejó de ser parte del Poder Judicial de Tlaxcala y tendrá independencia presupuestaria.
Indicó que ahora el TJA cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que buscarán los recursos económicos necesarios para contar con su propio inmueble, lo cual se sumaría a los ahorros que ha tenido este tribunal para cumplir este objetivo en el corto plazo.
“Ahora con la reforma que tenemos aprobada tenemos un avance importante en el Tribunal de Justicia Administrativa”, anotó.
Tecuapacho Domínguez sostuvo que las recientes reformas aprobadas por el Congreso local representan “un avance importante”, porque a partir de este año los magistrados que integran el TJA tendrán la oportunidad de presentar su propuesta de presupuesto al Poder Ejecutivo estatal, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala de 2022.
“Es un avance importante porque en los diversos estados de la Republica ya todos tienen autonomía, que es la razón de este órgano, porque para poder avanzar, transitar de una cuestión que establece la propia Constitución de un sistema de anticorrupción en el que el elemento de autonomía es indispensable”, observó.
En entrevista, agregó que “estamos muy contentos por los trabajos de la LXIII Legislatura porque avanza en un elemento fundamental para el Tribunal de Justicia”.
Vale referir que el TJA tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares y es el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal, o bien al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.
Por otra parte, recordó que con el inminente cierre de las administraciones municipales y estatal, la carga laboral por firma de convenios entre trabajadores, servidores e incluso, prestadores de servicios y patrones burocráticos se ha incrementado en al menos 200 por ciento en las últimas semanas.